La Mesa del Parlament ha aceptado este martes que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (JxCat) pueda delegar su voto en un compañero de su grupo y lo ha hecho pese a que los letrados de la Cámara han advertido de que existen dudas de que sea legal. El presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, ha convocado para el jueves a las 10:00 un pleno en el que se podría hacer uso de esta medida si el recurso de Cs, el PSC y PP no prospera.
Fuentes parlamentarias consultadas han explicado que la delegación de voto se ha tramitado con el voto a favor de ERC y JxCat, los dos partidos independentistas que tienen mayoría en la Mesa del Parlament, y pese al rechazo de Cs y PSC.
Los letrados que han asistido a la reunión de la Mesa han advertido de que aceptar la delegación de voto podría colisionar con la interlocutoria del Tribunal Constitucional del 27 de enero que puso condiciones a la investidura del propio Puigdemont.
El punto 4.C de aquella resolución estableció, entre otras cuestiones, que "los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios".
Las mismas fuentes han advertido de que la decisión de la Mesa podría incurrir en desobediencia al Alto Tribunal y, en consecuencia, podría acarrear consecuencias penales para los miembros del órgano rector de la Cámara catalana.
Los argumentos de JxCat
Fuentes de JxCat consultadas han defendido que ya existen las condiciones para que Puigdemont delegue su voto sin que ello ocasione problemas legales a los miembros de la Mesa: recuerdan que el expresidente ya ha pasado a disposición judicial y está "privado de libertad".
Según el partido del expresidente, esto sitúa a Puigdemont en la misma posición que los diputados catalanes que están en cárceles españolas -Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull-, y que han delegado el voto en los plenos sin que haya pasado nada.
Además, JxCat alega que la interlocutoria del Tribunal Constitucional del 27 de enero se pronunciaba sobre la investidura de Puigdemont, que hoy por hoy ya no es candidato a la Presidencia, por lo que consideran que aquella resolución ya "no es aplicable" ahora mismo.
En la reunión, Cs ha alegado que no solo ven ilegal que el expresidente delegue el voto, si no que existe un "defecto de forma" en la solicitud que ha presentado: está firmada en el Palau del Parlament y recuerdan que Puigdemont no ha estado nunca en la Cámara desde que empezó la legislatura. "Como mínimo, que hagan las cosas con un poco de formalidad", alegan desde el partido de Inés Arrimadas.
El PP y los comuns no están representados en la Mesa del Parlament pero se les permite asistir a sus reuniones y este martes lo han hecho: los primeros para posicionarse en contra de la delegación, mientras que los segundos no se han pronunciado, pese a que fuentes del grupo han explicado que no lo ven con malos ojos.
PSC y Cs impugnan la decisión
El PSC ha sido el primero en pedir a la Mesa del Parlament que reconsidere su decisión. Lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, que ha detallado la Mesa se ha "precipitado". Granados ha destacado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha obedecido hasta este martes todas las indicaciones de los letrados pero ha cambiado de estrategia y ha aceptado la petición de Puigdemont.
Poco después, Arrimadas ha anunciado que Cs presentará una petición para que la Mesa de la Cámara reconsidere la aceptación del voto delegado de Puigdemont. "Es una decisión que va en contra de los letrados del Parlament, de los jueces y del sentido común: un señor huido de la justicia no puede tener privilegios como delegar el voto", ha dicho en una rueda de prensa.
Los grupos del Parlament que no compartieran la decisión de la Mesa tenían 48 horas para presentar una petición de reconsideración a la propia Mesa. Según el reglamento de la Cámara, la petición tiene que ser presentada como máximo "dos días después de haberse publicado la decisión objeto de reconsideración o, si no se ha publicado, antes de que el órgano correspondiente tramite el escrito o el documento de índole parlamentaria".
La mera presentación del recurso suspende la delegación de voto de Puigdemont hasta que la Mesa lo resuelva, y este órgano tiene cuatro días para tomar una decisión mediante "una resolución motivada" y una vez reunida la Junta de Portavoces.
Si acaban presentando esta petición de reconsideración, será la propia Mesa del Parlament quien decida si la acepta o no, por lo que tiene muy pocas posibilidades de prosperar porqué en este órgano de la Cámara JxCat y ERC tienen mayoría -y son los mismos partidos que apoyan que Puigdemont delegue el voto-.
En el pasado, cuando la Mesa ha tumbado otras peticiones de reconsideración, varios grupos han decidido entonces acudir al Tribunal Constitucional (TC) alegando "vulneración" de derechos de sus diputados en la Cámara catalana.
