El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decretado prisión incondicional para Jordi Turull, Carme Forcadell, Räul Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa ante el riesgo de fuga y de reiteración delictiva en rebelión y malversación por los que les ha procesado este mismo viernes.
De acuerdo con el auto de prisión del juez (.pdf), tanto Turull como Rull, Romeva y Bassa están procesados por los delitos de rebelión y malversación mientras que a Forcadell se le atribuye únicamente delito de rebelión. Los presos serán trasladados a las prisiones de Estremera y de Alcalá Meco.
Rebelión para 13 de los 25
El magistrado ha adoptado estas medidas cautelares tras procesar por rebelión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras, al candidato Jordi Turull, a la expresidenta de Parlament Carme Forcadell, a la número 2 de ERC Marta Rovira y a otros seis exconsejeros además de a los exresponsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y Ömnium Cultural Jordi Cuixart.
Así lo expone el magistrado en el auto (.pdf) que ha comunicado hoy a los convocados a una vista decisiva en la causa del procés.
El Ministerio Público había argumentado ante el juez Pablo Llarena que existe riesgo de fuga en el caso de todos ellos y que esta circunstancia se ve agravada por el hecho de que la número 'dos' de ERC, Marta Rovira, no haya acudido este viernes a la sede judicial tras haber huido. Poco antes de la hora de la citación se ha conocido que una de ellas, Marta Rovira, ha optado por el exilio.
La instrucción juzga así por rebelión al que considera el "núcleo duro" del proceso independentista. En total, trece de los 28 investigados: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Antoni Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Joaquin Forn, Jordi Sànxhez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Marta Rovira.
A Puigdemont, Junqueras y los siete consejeros procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.
Llarena fija una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Gobierno catalán procesados, es decir, Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Raül Romeva, Ponsatí, Rull, Comin, Bassa, Borràs, Lluis Puig, Mundó, Vila y Serret. La cuantía se ha establecido sumando a los 1,6 millones de euros, que el magistrado dice que se emplearon para sufragar el referéndum del 1-0, más el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas.
El juez procesa además a los otros cinco exmiembros del Gobierno catalán cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.
No son procesados por ningún delito el expresidente Artur Mas, la coordinadora del PDECAT Marta Pascal y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.
"Grave riesgo de fuga"
La decisión de Rovira de fugarse y no presentarse ante el juez no ha sido conocida hasta última hora. La exportavoz de ERC anoche entregó su acta de diputada junto a Bassa y Forcadell.
Llarena apunta en su auto de procesamiento el "grave riesgo de fuga" de los encausados que justifica no sólo por la gravedad de la pena que conllevan los delitos, sino también por los "relevantes recursos económicos" con que pueden contar las estructuras organizativas que los apoyan. "No han dudado en dificultar el ejercicio de la jurisdicción española, buscando refugio en terceros países, y lo han hecho con el plano sustento económico y organizativo, así como oponiéndose a su entrega a este Tribunal".
Para Pablo Llarena, este es un argumento secundario pero "complementario" que apunta a la posibilidad de que los recién procesados puedan abordar la actuación de ocultación o fuga que trata de conjurarse. Sobre todo, dice, teniendo en cuenta las circunstancias procesales que se inician ahora.
En total, 25 investigados
En total, Llarena ha procesado a 25 investigados en la causa bajo la justificación de que el "diseño criminal" de la hoja de ruta que culminó con la declaración unilateral de independencia (DUI) puede no haberse interrumpido con la aplicación del artículo 155 y que parece estar "latente y pendiente de reanudación" y considera "evidente la minuciosa ideación de la estrategia.
Para argumentar el procesamiento por rebelión, Llarena destaca que esta figura delictiva "trata de preservar los principios esenciales de una convivencia democrática, respecto de aquellos ataques que puedan lesionar de modo profundo a los elementos más estructurales de nuestra organización política".
A su juicio, la consumación de este delito no exige alcanzar o declarar de manera efectiva la independencia, sino que basta con la mera realización de la conducta consistente en alzarse violenta y públicamente. Para el juez, los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre de 2017 "reflejan todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento y aún para la violencia".
Orden de detención internacional
Por otro lado, Llarena ha dictado orden de detención internacional para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que esta no haya acudido a la citación judicial de este viernes y ha reactivado las órdenes de detención para el resto de huidos, entre los que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont, la exportavoz de la CUP en el Parlamento catalán, Anna Gabriel y los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comín y Meritxell Serret.
