El independentismo catalán continúa atrapado en su propia trampa. La designación de Jordi Sànchez como candidato a la presidencia de la Generalitat por Carles Puigdemont vuelve a colocar a Cataluña en una callejón sin salida para lograr un Gobierno efectivo.
Sànchez, en prisión preventiva, vio ayer como el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le denegaba un permiso especial y la excarcelación para acudir al pleno de investidura, que estaba previsto para el lunes, 12 de marzo.
Tras conocerse el auto, la defensa de Sànchez anunció que solicitaría el lunes medidas cautelarísimas ante el Tribunal de Estrasburgo para exigir acudir al pleno, lo que provocó que, por segunda vez, Roger Torrent, pospusiera un pleno de investidura -ya dejó en suspenso el de Puigdemont-. Con este paso, se vuelve a bloquear que corra el tiempo hacia unas nuevas elecciones y se evita poner en marcha otra ronda de contactos, donde el siguiente en la lista de presidenciables podría ser Jordi Turull. El exconseller de Presidencia, a diferencia de Sànchez, se encuentra en libertad bajo fianza, por lo que, aunque su candidatura previsiblemente tampoco gustaría a Moncloa, podría defenderla en el Parlament.
No obstante, nada asegura que Turull u otro posible candidato obtuviera los apoyos suficientes para poner en marcha un Gobierno. La CUP, que ni siquiera se reunirá este fin de semana para analizar el acuerdo de investidura que le proponen JxCat y ERC, ya adelantó que ve pocos avances en el texto y que, por ahora, mantienen su abstención. Sin sus votos, y con la negativa de Carles Puigdemont y de Toni Comín a renunciar a su escaño, matemáticamente es imposible que se pueda investir un candidato independentista, mientras que todas las fuerzas no rupturistas voten en contra. En este escenario, Cataluña se vería abocada a unas nuevas elecciones.
Proceso judicial
Además de la decisión del juez Pablo Llarena, el viernes fueron a declarar a la Audiencia Nacional algunos de los investigados no aforados por el 1-O. Concretamente, fue el turno del exdirector de los Mossos Pere Soler y del que fuera secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, que presuntamente formaron parte de una "correa de transmisión" que se puso en marcha con el fin de que la Generalitat tuviera el control del cuerpo policial con motivo de la celebración del referéndum ilegal, según el auto de la jueza Carmen Lamela.
La magistrada, según EuropaPress, ha acordado dejar en libertad a los dos investigados por el delito de sedición, aunque les impone medidas cautelares, tales como comparecencias quincenales en el juzgado más cercano, prohibición de salir del territorio nacional, retirada del pasaporte y obligación de facilitar un número de teléfono para estar localizables.
Lamela ha desoído la petición de la Fiscalía, que solicitaba libertad provisional sujeta al pago de fianza de 100.000 euros, al entender que ambos cuentan con arraigo personal, familiar, laboral y social en Cataluña.
