Hacienda está investigando si la Generalitat de Cataluña realizó pagos a un total de 50 empresas y particulares a cambio de su apoyo al procés soberanista. El pasado lunes 5 de marzo el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, remitió un escrito a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, para requerir la entrega de todos los pagos realizados desde 2015 a medio centenar de empresas particulares.
En la lista figuran varias compañías del grupo Mediapro; el gigante alimentario Agrolimen, propietario de Gallina Blanca; el presidente del consejo editorial del diario Ara y asesor de la Generalitat, Ferrán Rodès; así como otro de los fundadores del periódico, Oriol Soler Castanys, y varios de sus periodistas, como Albert Om o Toni Basssas. Entre las empresas investigadas figuran también firmas como T Systems Iberia, IBM Global Services España, International Businesss Machines y DXC Technology Spain.
Gran parte de la investigación se centra entorno a la figura de Oriol Soler, un empresario que, además de participar en la fundación del periódico Ara, fue el director de la campaña Ara és l'hora en la consulta del 9 de noviembre de 2014, impulsada por las asociaciones Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural y que trabajó también en las elecciones de 2015 para Junts pel Sí. Hacienda requiere a la interventora de la Generalitat todos los pagos realizados a Soler "por parte de la Generalitat o cualquier entidad del sector público autonómico, así como identificar la partida presupuestaria y el concepto por el cual se produjo el pago". Pero no sólo es eso. La interventora deberá remitir además "copia completa de los expedientes, incluyendo cualquier información, documentación, notas, comunicaciones, informes, borradores o facturas recibidas y/o emitidas". El requerimiento, adelantado ayer por el diario La Vanguardia, provocó reacciones muy duras en el mundo soberanista. Así, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCAT) solictió inmediatamente la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. El diputado Carles Campuzano aseguró, en este sentido, que "nos parece inaudito que, en una democracia moderna, más cuando quien ejerce las condiciones de facto de consejero de Economía y Hacienda de Catalunya se plantee está investigación en forma de caza de brujas".
Y en la misma línea se pronunciaron también los afectados. "Tenemos la sensación de encontrarnos inmersos en otras épocas y en otras circunstancias, bajo regímenes inquisitoriales donde las listas negras son utilizadas para perseguir a quien piensa distinto", aseguraron ayer desde Mediapro. El grupo que encabezan Jaume Roures y Tatxo Benet coincidió con el PdeCAT en que "es una caza de brujas más propia del maccarthysmo que de un estado europeo que se pretende democrático (...) Perderán su tiempo y el de los funcionarios que tengan que hacer esta investigación".
Al margen de los posibles pagos recibidos, un informe de la Guardia Civil sitúa a Roures, que además de fundador de Mediapro sigue siendo uno de sus máximos accionisats, en el Comité Ejecutivo que aparecía en el documento denominado Enfocats, considerado la hoja de ruta del procés para la declaración de independencia de Cataluña e incautado en el domicilio de Josep María Jové, número dos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, actualmente en prisión.
