BiciMad es un dolor de cabeza para el Ayuntamiento de Madrid. Ahora Madrid tiene que rendir cuentas a la oposición sobre el precio de adquisición del servicio público de bicicletas que compró en 2016 a Bonopark, cuestión por la que el PP se querelló contra la concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y contra el gerente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), Álvaro Martínez Heredia, y por la que se inició una Comisión de Investigación que se ha pospuesto por no presentarse toda la documentación requerida.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento compró BiciMad a la concesionaria Bonopark a través de la EMT por 10,5 millones de euros para reflotar un servicio que iba a la quiebra.
Este precio, "razonable" para alcaldesa Manuela Carmena, no convence al PP de Madrid, que se querelló por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación en la adquisición de BiciMad al considerar que la EMT no contrató una auditoría independiente antes de cerrar la compra. La querella fue admitida por la juez del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid el 19 de febrero, que pide al Ayuntamiento y a la empresa de transportes toda la documentación disponible y la información de la valoración del precio acordado para la cesión.
A esos 10,5 millones de euros ahora hay quien suma 4,6 millones adicionales pagados a Bonopark entre 2016 y 2017 en concepto de "reparación, mantenimiento, material de oficina, alquiler de vehículos o gastos bancarios", por lo que en total lo abonado a la concesionaria ascendería a 15,1 millones.
La EMT, sin embargo, asegura que ese gasto es de solo 3,8 millones sin IVA ya que este impuesto no es un coste para la empresa ya que se repercute al no ser (la EMT) el consumidor final.
Para la empresa municipal no procede "sumar los gastos contemplados dentro de la figura de 'convalidaciones de gasto' al precio de la cesión porque "una cosa es adquirir un contrato público y otra diferente incurrir en gasto para mantener ese servicio", según fuentes municipales consultadas por Europa Press.
Así, desde EMT aseguran a la agencia que estos gastos estaban previstos y son necesarios para el funcionamiento de BiciMad y que "ya están reflejados en las cuentas del servicio correspondientes al ejercicio 2017, en las que la Empresa Municipal de Transportes prevé cerrar prácticamente en equilibrio y con una significativa reducción de los costes operacionales respecto a la anterior concesionaria", que llegó a perder 300.000 euros euros mensuales por este servicio.
Mientras tanto, en el Ayuntamiento siguen a vueltas con la fecha de la Comisión de Investigación que se abrió para tratar este asunto y se pospuso por no contar la oposición con toda la información requerida al Consistorio. Este martes están convocados los portavoces de los grupos municipales a una Junta para decidir nuevos plazos.