El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena iniciará esta semana las declaraciones de los nuevos investigados por la ampliación de la investigación del 1-O y el proceso independentista, mientras sigue pendiente la investidura del presidente de la Generalitat tras las elecciones del 21 de diciembre.
La primera que está citada para declarar es Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, el día 14. La semana siguiente, del 19 al 21, deben ir la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la coordinadora general y el expresidente del PDeCAT, Marta Pascal y Artur Mas, respectivamente; la expresidenta -acaba de dejar el cargo- de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y la exportavoz de la CUP, Anna Gabriel.
Llarena incorporó a los nuevos investigados en base a la posibilidad de que los hechos investigados en la causa se hubiesen desarrollado "bajo la dirección y coordinación" de un grupo de personas entre los que incluye a los citados anteriormente. El motivo son sus cargos políticos. Se trata de presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlament, y de los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos secesionistas -PDeCAT, ERC y la CUP-, así como la presidenta de la AMI en el momento de los hechos.
El magistrado fundamenta sus sospechas en que los nuevos investigados aparecen referenciados como miembros del Comité Estratégico descrito en el documento Enfocats; en que aparecen como participantes en reuniones "para idear" el proceso de ruptura que se investiga, y en que todos ellos parecen haber tenido una participación principal y destacada en su desarrollo. Una de las fuentes de información claves para ampliar la causa fue, además del mencionado documento Enfocats, la agenda intervenida en el domicilio del exsecretario general de la Conselleria de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep María Jové.
Así se desprende del auto emitido el pasado 22 de diciembre, al día siguiente de las elecciones en Cataluña, que pese a ganar Ciudadanos, dieron forma a una nueva mayoría absoluta independentista en el Parlament.
Ahora, casi un mes después de la sesión de constitución de la Cámara catalana, las negociaciones entre JxCat y ERC para la investidura siguen encalladas. La victoria del partido de Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bruselas con una orden de detención que se haría efectiva si pisara territorio español, ha abierto un escenario desconocido. JxCat defiende que el expresident de la Generalitat es su única opción para presidir el nuevo Ejecutivo catalán, y el candidato insiste en gobernar desde el extranjero.
ERC ha mostrado discrepancias respecto a la viabilidad de gobernar de forma telemática o delegada como proponen Puigdemont y JxCat. Por ello, plantean investirle como presidente "simbólico" en Bruselas en una doble presidencia que tendría un gobierno "efectivo" en Barcelona. Los republicanos, con Oriol Junqueras en prisión preventiva y el riesgo de que Marta Rovira pueda correr la misma suerte, han mostrado su rechazo respecto a volver a saltarse la ley, y sostienen que nadie es imprescindible, ya que la prioridad es acordar un gobierno republicano que permita acabar con la aplicación del artículo 155. Esta última tesis también la apoya la CUP, aunque cualquier pacto entre las tres formaciones rupturistas deberá recibir el visto bueno de sus bases, lo que prolongará los plazos.
