El candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, pedirá autorización judicial para poder asistir al pleno de investidura del Parlament convocado para este martes. Sin embargo, este gesto a la desesperada de Puigdemont no tendrá visos de producirse, debido a la excepcionalidad que supondría que el juez estuviera dispuesto a admitir una petición sin que el acusado fuese puesto a disposición de los tribunales previamente. Es decir, personándose antes ante él.
El anuncio lo ha realizado este domingo el diputado de JxCat en la Cámara Josep Rull en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que Puigdemont pedirá esta autorización en las próximas horas, como le pidió el Tribunal Constitucional (TC).
Rull ha asegurado que "el pleno continua vigente" y ha calificado la decisión del TC como una "bofetada con la mano plana en la cara de Soraya Sáenz de Santamaría".
Un plan con pocas opciones
El nuevo plan de Puigdemont pasaría por gestionar esa autorización a través de su abogado, sin necesidad de personarse ante el juez -evitando así su inmediato ingreso en prisión como medida provisional, al igual que el resto de imputados en su causa-, para acudir sin ser detenido al Parlament. En la cámara sería investido, y, posteriormente, puesto a disposición judicial y enviado a prisión. Puigdemont tiene pendiente responder ante el juez acusado de varios delitos graves, entre ellos, el de rebelión.
Sin embargo, esta opción cuenta con posibilidades mínimas. Según fuentes jurídicas consultas por elEconomista, por norma general no deben resolverse peticiones de los inculpados si éstos no se encuentran en disposición judicial. Es decir, si no se personan ante el juez. En casos de gran relevancia judicial como el del dictador chileno Pinochet o de otros inculpados en fuga o no localizados, los tribunales no han admitido peticiones a través de letrados hastas que sus representados no eran detenidos por las autoridades.
Este modo de proceder no es obligatorio, de manera que será el juez Llarena, instructor de la causa, quien decida si accede a la petición 'telemática' de Puigdemont. Si analizamos las decisiones tomadas por el magistrado en lo que respecta al asunto catalán, todo parece apuntar a una alta improbabilidad de que favoreciese al expresidente catalán en este punto, ya que supondría agravar la crisis, con un presidente investido en prisión, y entorpecer el procedimiento judicial, restando al mismo toda esperanza de normalización.
