Al Partido Popular de Valencia le pesan los casos de corrupción de la era Camps como un lastre interminable, un bucle infinito, un día de la marmota al que no le ve fin. Sin embargo, a pesar de estos negros nubarrones no cree que Ricardo Costa esté apuntando ahora con sus declaraciones ante la Audiencia Nacional a la actual dirección del partido en esta comunidad.
Costa está imputado por delito electoral y falsedad documental, a raíz de las investigaciones de la rama valenciana de la trama Gürtel. Esta semana decidió tirar de la manta y explicar con detalle algunos comportamientos a los que jamás se refirió en estos diez años atrás en los que he tenido que dar cuentas por el 'caso de los trajes', o en los que tuvo que sufrir la expulsión de su partido de enero a septiembre de 2010, por insinuar que seguía siendo el secretario general del PPCV, cuando realmente ya no lo era.
El hermano del exministro Juan Costa se destapaba ante los magistrados con una revelación poco inédita sobre la financiación ilegal del Partido Popular Valenciano, pero dañina. El exdiputado de Les Corts relató el modus operandi empleado para pagar dos campañas electorales en Valencia, gracias al dinero negro de algunas empresas que después fueron compensadas con adjudicaciones públicas. Un clásico de la financiación ilegal o alegal de los partidos políticos españoles y mundiales. Hace apenas unos días, Costa aseguró que era Francisco Camps quien daba las órdenes y se encontraba en el vértice de la pirámide de mandos. Todas las iniciativas partían de él, mientras supuestamente los de Madrid miraban para otro lado.
Relató Costa Climent que ante la duda moral de si estaba haciendo bien ejecutando al pie de la letra las instrucciones que le marcaba su president Francisco Camps, el extesorero Luis Bárcenas le advirtió de que dichas prácticas estaban prohibidas por la dirección nacional del partido, porque eran consideradas, como poco, como una suerte de Filesa (el caso de financiación ilegal que afectó al PSOE por las campañas electorales del año 89, en el que la justicia probó que se inflaban contratos públicos a cambio de comisiones). Vamos, un anatema histórico dentro de la sede de la calle Génova 13.
La reacción de Camps a las puntualizaciones de Costa, conociendo la trayectoria retórica del primero, también ha sido de manual. El de "te quiero un huevo", como le dijo a Álvaro Pérez, el Bigotes, lo ha negado todo. Y no solo eso: ha comprometido su palabra al veredicto indestructible de su propia verdad. Es como casarse consigo mismo o juzgarse a sí mismo. Por eso dice estar en condiciones de garantizar lo que han dicho estos años los responsables del partido. Es decir, que las auditorías que se hicieron, todo lo que se dijo en los comités y juntas directivas, lo que se llevó al Comité de Derechos y Garantías de España es que "la financiación había sido correctísima".
Aunque la Fiscalía Anticorrupción empieza a sospechar del reinado de Camps, es bastante probable que las confidencias de Ricardo Costa tengan a la postre más impacto político que jurídico. Francisco Camps -investigado por el Gran Premio de Fórmula I desde diciembre de 2017- nunca ha sido señalado por los cargos que hoy apuntan a su pupilo. Ello explicaría una estrategia de defensa, que en el fondo persigue reducir siete años de la cárcel, colaborando de algún modo con la justicia.
Sea cual sea el interés de Costa, el nuevo PP valenciano, dirigido por Isabel Bonig, desea terminar con esta pesadilla. "La corrupción es lo que más daño nos hace. Y aunque Camps y Costa tienen abiertos expedientes disciplinarios y llevan años fuera de los órganos del partido, necesitamos que la justicia se pronuncie y dirima quiénes son los responsables", confiesan fuentes del PPCV a elEconomista. Nosotros -sostienen-estamos trabajando mucho para cambiar aquella etapa de la que ya no queda nadie".