Numerosos políticos y empresarios ya han declarado como imputados por el caso Púnica. Los testimonios han sido muy variados, pero es posible establecer un denominador común en ellos: todos han señalado que Esperanza Aguirre estaba relacionada de algún modo con la trama de adjudicación de contratos públicos a cambio de pagos y regalos a altos cargos del PP.
A ella se han referido antiguos colaboradores tan cercanos como Francisco Granados o Ignacio González, pero también lo han hecho el empresario David Mercado o incluso el presunto cabecilla de todo el entramado, David Marjaliza.
Además, hay informes de la Guardia Civil que corroboran sus palabras. En esta situación, en círculos cercanos a la Fiscalía comentan que existen bases más que suficientes para imputar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
"Está por demostrarse si estuvo relacionada con Púnica directamente o lo que hubo fue falta de control de sus subordinados pero, en cualquiera de los dos casos, Aguirre debe ser investigada", comentan dichas fuentes.
