El PSOE presentó ayer un documento en el que hace hincapié en la necesidad de reformar la Contitución para incorporar nuevos derechos, como la laicidad del Estado o el reconocimiento expreso del matrimonio homosexual. La propuesta publicada ayer, titulada 'Nuevos derechos para un nuevo pacto constitucional', omite sin embargo cualquier referencia al modelo territorial o al sistema de financiación autonómica, algo que resulta llamativo al tratarse de asuntos especialmente relevantes en estos momentos, con la autonomía de Cataluña intervenida a través del artículo 155 de la Carta Magna.
El documento fue difundido tras una reunión entre dirigentes socialistas y expertos constitucionalistas, presidida en Ferraz por el líder socialista, Pedro Sánchez. El texto aborda también la necesidad de "abordar con valentía la constitucionalización del derecho a la muerte digna", reforzar la protección constitucional del derecho a la vivienda y reconocer "el derecho al olvido en el contexto de Internet, nuevas tecnologías y redes sociales".
El cambio climático o el derecho a trabajo en un contexto de creciente robotización son otros de los asuntos de un documento que argumenta la necesidad de reformar la Constitución, entre otras cosas, porque se trata de un texto que cumple ya 40 años, por lo que los españoles menores de 58 años no pudieron votar la Carta Magna actual.
Puig pide un modelo federal
Sí estuvo ayer presente el modelo territorial en el PSOE valenciano. El presidente de la región, Ximo Puig, defenderá, ante la comisión territorial del Congreso, una "reforma en profundidad", tanto desde el punto de vista territorial, con la "articulación de un modelo federal" del Estado español, como de los derechos fundamentales reconocidos.
Respecto al primer punto, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, explicó que "el objetivo es que no solo se reconozca la pluralidad y complejidad territorial de España", sino, también, "las claves de un sistema de financiación de estos diferentes niveles que garantice el autogobierno, minimizando el riesgo de interferencias". En este sentido, ve fundamental que las CCAA participen en el debate sobre los cambios.
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