La campaña para las elecciones autonómicas catalanas ha arrancado esta madrugada sin que los partidos independentistas, a pesar de la crisis económica que ha provocado la declaración de ruptura, den pasos atrás en sus planes para independizar Cataluña de España. De hecho, tanto ERC como Junts per Catalunya, creen que las elecciones del 21 de diciembre son una manera de confirmar el resultado del referéndum ilegal del 1 de octubre y aseguran que trabajarán para "construir la república", tal como afirmó ayer Marta Rovira, secretaria general de ERC.
Lo que varía es el tono dependiendo del auditorio. En un debate celebrado ayer en la patronal de medianas y pequeñas empresas catalanas, Pimec, tanto Junts pel Catalunya como ERC optaron por defender la línea blanda de estos planes, si bien eludieron cualquier responsabilidad por el golpe económico que el desafío independentista ha dado a la economía.
En este sentido, Albert Castellanos, secretario de Hacienda de la Generalitat, persona cercana a Oriol Junqueras y miembro de ERC, defendió que su partido se presenta a las elecciones para "defender las libertades básicas y construir un Gobierno fuerte". Sin embargo, niega cualquier responsabilidad en la debilidad económica de Cataluña. "Cuando se intervino la Generalitat teníamos superávit", se defendió; mientras que Ramir de Porrata de Junts per Catalunya, culpaba de la inestabilidad a la aplicación del artículo 155, que, según señaló "fue activado para impedir el referéndum".
De Porrata, recordó, además, la tradicional lista de afrentas del Estado español con Cataluña: 40 millones diarios de déficit fiscal y promesas incumplidas en materia de inversiones en infraestructuras; que se sitúan muy lejos del peso de la región en el PIB español. "Desgraciadamente, no contamos con suficientes herramientas para hacerlo solos", señaló, en referencia a que Cataluña no puede por sí misma recaudar todos los impuestos y gestionar el gasto porque no es un estado independiente.
Desde que comenzara la campaña, ERC sostiene que su objetivo es construir una "base social más sólida" para alcanzar la independencia y ha moderado su discurso en un movimiento que puede interpretarse como un acercamiento a Catalunya en Comú; pero que también podría variar dependiendo de los resultados electorales.
Los Comuns, por su parte, venden su "centralismo", pero no avalan la tesis de que el culpable de la fuga de empresas sea el Gobierno español. "Lo que necesita Cataluña es mirar hacia delante y valorar dónde nos han llevado las decisiones de los unos y los otros. En octubre y noviembre la situación económica ha empeorado y si continuamos con dos bloques enfrentados el 22-D no se saldrá de esta situación", afirmó en Pimec Marc Parés, de Catalunya en Comú. Asimismo, insistió en el papel clave de su partido, ya que los posibles acuerdos se pueden hacer extensibles al Congreso de los diputados. En Catalunya en Comú está integrado Podemos, que ayer presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155. Hoy, Xavier Domènech, cabeza de lista de Catalunya En Comú a la Generalitat explicará su programa en el Círculo de Economía.
Objetivo: independencia
No obstante esta aparente moderación en el arranque de la campaña electoral, los objetivos del independentismo son claros. ERC, que presentó su programa a última hora de ayer, señala en el documento su hoja de ruta: "Ganar nuevamente a las urnas y constituir un Gobierno fuerte que pare los pies a la ofensiva del Estado, defienda nuestras instituciones, impulse políticas republicanas con voluntad social y potencie aquellos ámbitos de decisión a partir de los que se avanzaremos hacia la república catalana". Además, los republicanos mantienen un claro frentismo con los partidos constitucionalistas. Marta Rovira, número dos por Barcelona, señaló ayer que mantener a Oriol Junqueras en la cárcel era una decisión política, porque era el único que podía "ganar" a la demagogia de "Rivera y Arrimadas".
Por su parte, Junts per Catalunya centra su programa en que la construcción de las estructuras de Estado es un elemento transversal para "continuar la construcción de la república catalana". El documento dice priorizar la vía del diálogo con el Gobierno español, pero marca unas premisas sin las que no lo ve posible: restituir al presidente, el Govern y el Parlament anteriores al 155 _y dejar de aplicarlo-, levantar la intervención financiera de la Generalitat y revocar las causas judiciales por "motivos políticos", así como retirar los efectivos policiales desplazados Cataluña. Como ya trascendió hace unos días, el programa de JuntsxCat afirma que impulsar a cualquier otro candidato a la presidencia de la Generalitat que no sea Carles Puigdemont "es legitimar el artículo 155 y el ataque a la democracia". La directora de campaña de este partido, Elsa Artadi, afirmó ayer que consideran vigente el resultado del 1-O, y que lo quieren implementar "desde la democracia, el diálogo y la negociación".
Agregó que la cita electoral autonómica del 21 de diciembre es la vía para "ratificar" el mandato del 1-O y "obligar" al Gobierno central a aceptar la mayoría independentista a partir del resultado de unas elecciones que ellos mismos han convocado y que definió, al igual que ERC, como el referéndum que no dejaron hacer. Insistió en que, cuanto mejor sea el resultado de las fuerzas soberanistas, mayor fuerza tendrán en la negociación posterior para llevar adelante la ruptura.
Riesgo de giro
Tanto ERC como Junts per Catalunya comparten el objetivo de la independencia con la CUP y han trabajado en líneas comunes desde que Mariano Rajoy convocara elecciones el 27 de octubre. De acuerdo con diversas fuentes, estaba previsto ayer por la tarde un encuentro entre las tres formaciones para pactar algunas líneas comunes, aunque los cupaires ya han advertido de que no aceptarán otro camino que no sea la "unilateralidad".
La CUP jugó un papel clave la anterior legislatura, ya que para mantener su apoyo el Govern tuvo que dar pasos complicados -entre ellos aprobar la Ley de Transitoriedad- y que generó una purga intensa de consellers en julio; cuando Puigdemont se comprometió a impulsar el referéndum, a pesar de las numerosas advertencias del Tribunal Constitucional.
La propuesta de la CUP de cara al 21D es continuista y aboga por la "desobediencia y el impulso al proceso constituyente", según señaló ayer Carles Riera, cabeza de lista de la formación, en la presentación del programa electoral de la formación. De hecho, la CUP hizo hincapié en que no apoyaría ningún gobierno de la Generalitat que "devolviera las instituciones a la autonomía". Entre otras cosas, requerirá al Parlament que reafirme todas las leyes aprobadas que han sido invalidadas por el Tribunal Constitucional. Para "materializar la república" insisten en la necesidad de "movilización" social y avanzan una estrategia "de bloqueo" si el Gobierno se adscribe a la autonomía.
