El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decretado este jueves prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlament de Cataluña, Carmen Forcadell, y de 25.000 euros para los miembros de la Mesa del Parlament Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, a quienes dan una semana para reunir el dinero, por lo que no entrarán en la cárcel.
Los abogados de Forcadell han tratado de abonar sin éxito dicha cantidad de manera inmediata para evitar que esta pase la noche fuera trasladada a un centro penitenciario pero la presidenta del Parlament ya ha sido trasladada a Alcalá Meco, donde también se encuentran ingresadas las otras dos consejeras que fueron encarceladas por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
El juez Llarena atribuye a Forcadell una "actuación principal" en el proceso independentista por el "liderazgo" que ha ejercido en "cada una" de las fases del mismo, lo cual "aporta a sus iniciativas una trascendencia social, administrativa e institucional" que no puede atribuirse al resto de imputados en la causa. Así lo determina el magistrado en el auto.
Por su parte, Joan Josep Nuet queda en libertad provisional sin medidas cautelares tras el fallo del letrado. La defensa de Nuet, de Si que es Pot, ha asegurado reiteradamente desde la interposición de la querella que nunca facilitó la tramitación de los acuerdos parlamentarios que se llevaron al Pleno del Parlament en relación con el 'procés', ya que o bien se abstuvo o votó en contra.
El abogado de cuatro de los cinco miembros de la Mesa del Parlament cesada que han prestado declaración este jueves ante el Tribunal Supremo por la declaración unilateral de independencia aprobada en la cámara autonómica ha anunciado que no recurrirá por ahora la decisión del juez, que ha dejado a los diputados en libertad bajo fianza.
Medidas cautelares
El juez establece además una serie de medidas cautelares para los condenados a prisión: tendrán que entregar el pasaporte antes de las 14:00 horas de este viernes al prohibirles el juez abandonar el país y obligarles a acudir a un juzgado una vez a la semana.
Para determinar estas medidas, el magistrado afirma que el riesgo de fuga "se difumina" porque todos se han presentado "cuantas veces han sido citados por el TSJC" así como por él mismo, y considera manifiesto "el contraste con otros encausados en este proceso que se encuentran actualmente fugados", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros exconsejeros que están en Bélgica.
El juez instructor tiene en cuenta además lo que han declarado los querellados durante las comparecencias de este jueves, y es que "han asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución". Es más, resalta que "o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".
No acepta la responsabilidad civil que pedía la Fiscalía
Llarena no ve "ninguna base probatoria" para imponer la fianza de responsabilidad civil de 6,2 millones de euros a los exmiembros de la Mesa del Parlament, sin perjuicio de que se pueda ordenar a medida que la instrucción avance y exista una "mayor definición".
Aunque Llarena cree que "la celebración del referéndum y su previsión presupuestaria aportan elementos sólidos" de que se pudieron emplear "recursos públicos que justificarían su retorno en concepto de responsabilidad civil derivada del delito", opina que "ninguna base probatoria se ha acompañado a la querella que apunte a que finalmente" ese referéndum fuera financiado "con cargo a fondos públicos y menos aún que lo fuera con el alcance económico inicialmente previsto que se reclama afianzar".
Fue la Fiscalía la que solicitó en su querella contra los exmiembros de la Mesa del Parlament la imposición de una fianza de responsabilidad civil por valor de 6,2 millones, pero el juez ha tenido en cuenta que las defensas han aportado "una certificación de la Intervención de la Generalidad de Cataluña que únicamente refleja unos gastos aproximados de 25.000 euros correspondientes al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información".
La Fiscalía pedía prisión directa
Menos con Nuet, el juez también se desmarca de la petición de la Fiscalía, que solicitaba prisión incondicional para Forcadell y Corominas, Guinó y Simó y bajo fianza para Barruffet por facilitar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
Precisamente durante sus declaraciones ante el juez han reconocido que la DUI fue sólo simbólica y han insistido en que acatan la aplicación del artículo 155 de la Constitución, informan fuentes jurídicas. Ha sido a última hora, en las vistillas los alegatos de la Fiscalía sobre su petición de prisión, cuando al menos cuatro se han desvinculado de la vía unilateral. Forcadell y al menos tres de los exmiembros de la Mesa han manifestado que renunciaban a la unilateralidad con la que se declaró la independencia de Cataluña, adhiriéndose a la declaración prestada por Ramona Barrufet.
La exsecretaria cuarta de la Mesa del Parlamento catalán había manifestado durante su declaración que el referéndum del 1-O no tuvo validez, ya que no contaba con garantías, han precisado las fuentes presentes en la misma. En otro momento, la parlamentaria habría rechazado, según las mismas fuentes, la vía unilateral y reconocido que el proceso sólo podría desarrollarse con pacto, además de decir que acata la aplicación del artículo 155 de la constitución.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, apuntó la pasada semana que las medidas cautelares que la Fiscalía pediría ante el Supremo podrían variar en función de las declaraciones, al igual que confirmó que Oriol Junqueras y el resto de exconsellers que acabaron en prisión podrían haberse librado de ésta si acataban la Constitución y el 155, paso que han dado hoy Forcadell y la Mesa del Parlament pero que no ha hizo que la Fiscalía cambiara de parecer en sus peticiones.
