La Fiscalía ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera prisión incondicional para Carme Forcadell y para los miembros de la Mesa del Parlament Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, bajo fianza para Ramona Barrufet y libertad provisional con obligación de comparecencia apud acta para Joan Josep Nuet tras escuchar sus declaraciones por delitos de rebelión, sedición y malversación en las que han acatado el artículo 155 de la Constitución y han asegurado que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) es "simbólica". En su última palabra, tras la intervención del fiscal, los seis se han desvinculado de la vía unilateral hacia la independencia, han informado a Efe fuentes jurídicas.
Para los seis querellados se solicita que se acuerden las medidas cautelares civiles indicadas en la querella presentada en el Tribunal Supremo por la Fiscalía.
El fiscal justifica su petición en que tanto la presidenta del Parlament como los miembros de la Mesa de la Cámara catalana facilitaron la DUI. En el caso de Nuet, de Si que es Pot, su defensa asegura desde la interposicion de la querella que nunca facilitó la tramitación de los acuerdos parlamentarios que se llevaron al Pleno del Parlament en relación con el 'procés', ya que o bien se abstuvo o votó en contra.
Precisamente, Forcadell y los miembros de la Mesa de la Cámara catalana ha reconocido ante el juez Pablo Llanera que la DUI fue sólo simbólica y han insistido en que acatan la aplicación del artículo 155 de la Constitución, informan fuentes jurídicas.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, apuntó la pasada semana que las medidas cautelares que la Fiscalía pediría ante el Supremo podrían variar en función de las declaraciones, al igual que confirmó que Oriol Junqueras y el resto de exconsellers que acabaron en prisión podrían haberse librado de ésta si acataban la Constitución y el 155, paso que han dado hoy Forcadell y la Mesa del Parlament pero que no ha hecho que la Fiscalía cambie de parecer.
La presidenta del Parlament ha calificado este jueves de "simbólica" y "declarativa" la DUI que se aprobó tras ser votada en esta Cámara el pasado 27 de septiembre. Según fuentes presentes en la declaración de más de dos horas por presunta rebelión, la política catalana habría señalado expresamente que ésta declaración no tenía valor jurídico tras ser preguntada por este extremo por los representantes de la Fiscalía que la imputan indiciariamente los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Por otra parte, Forcadell ha aportado durante su declaración diversos documentos que vendrían a confirmar que las cuentas del Parlament están siendo intervenidas por Hacienda, con el objetivo de contrarrestar la acusación de malversación de fondos públicos de los que le acusa también la Fiscalía.
Dos querellas
La Fiscalía General del Estado presentó el 30 de octubre dos querellas, una en la Audiencia Nacional y otra en el Tribunal Supremo, contra un total de 20 personas por hechos que engloban todo el denominado 'procès' que concluyó el pasado 27 de octubre con la declaración unilateral de independencia (DUI) en Cataluña.
La querella interpuesta en el Supremo iba dirigida contra Forcadell y los cinco exmiembros de la Mesa, todos ellos aforados por pertenecer a la Diputación Permanente del Parlamento catalán, salvo Nuet. En cuanto a la Audiencia Nacional, la Fiscalía se ha querellado contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su exvicepresidente Oriol Junqueras y otros 12 consejeros.
La Audiencia Nacional también concentró el pasado jueves las declaraciones de estos investigados, aunque el 'expresident' y cuatro de sus subordinados no se presentaron ante la juez Carmen Lamela, por lo que lanzó una orden de detención europea y otra de búsqueda y captura internacional. La magistrada de la Audiencia Nacional envió a prisión a los nueve altos cargos del Govern que sí comparecieron en las dependencias judiciales, entre ellos Santi Vila, al que dejó en libertad al día siguiente tras pagar una fianza 50.000 euros.
La instrucción determinará si es conspiración
Sobre los delitos denunciados en la querella, la el auto por el que el Supremo admitió a trámite la querella ya explicaba que el fiscal alude a la existencia de un delito de rebelión con una extensa argumentación encaminada a justificar la concurrencia de violencia. Para el alto tribunal, "será a lo largo de la instrucción cuando los hechos imputados, a la vista de las diligencias de investigación acordadas por el instructor confirmen o desmientan su realidad".
"Será entonces cuando pueda precisarse si esos actos son susceptibles de integrar las exigencias del tipo previsto en el artículo 472 del Código Penal o, por el contrario, han de ser subsumidos en los artículos 477 y 17.1 del Código Penal, que castigan la conspiración para la rebelión, delito en el que, por definición, los elementos del tipo proyectado no llegan a tener realidad al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria".
