Carles Puigdemont, el expresident de la Generalitat de Cataluña, ha gastado durante su mandato un total de 69,3 millones de euros en su intento fallido de internacionalizar el procès independentista y lograr el apoyo exterior, algo en lo que ha fracasado. Nombrado presidente del Gobierno autonómico en enero de 2016, ese mismo año se gastó un total de 33,8 millones de euros, según consta en el Informe de Ejecución presupuestaria de la Generalitat. Ese año los presupuestos no fueron aprobados en el Parlament ante la falta de acuerdo con la CUP, por lo que hubo que prorrogarlos, aunque posteriormente se fueron introduciendo modificaciones y nuevas partidas que elevaron el gasto final.
La inversión finalmente acometida suponía ya un incremento del 71,5% respecto a los 19,7 millones que había gastado en 2015 Artur Mas en su último año al frente del Ejecutivo, pero aún así ha vuelto a crecer este ejercicio con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre. En la memoria explicativa de los presupuestos de este año, la Generalitat de Cataluña explicaba que "la acción exterior es un ámbito prioritario para el actual gobierno e imprescindible para tener una presencia clara del país en el mundo, por lo cuál se ha dotado a la política de Relación Exteriores con 35,5 millones de euros". Es decir, un 5% más que en 2016 y prácticamente el doble de lo que se gastó ya en 2015.
Acción exterior
"La acción exterior es un instrumento del Gobierno al servicio de las necesidades del país y de los intereses de sus ciudadanos, que ha de permitir mejorar el prestigio y posicionamiento de Cataluña en el mundo, fomentar la internacionalización de su economía y legitimar el prcoeso democrático delante de la comunidad internacional". Con Raül Romeva al frente como consejero de Asuntos Exteriores, la Generalitat no ha escatimado gastos.
En los presupuestos de 2017 se contemplan así 18,2 millones de euros destinados a "financiar las actividades dirigidas a posicionar los intereses de Cataluña en el mundo, reforzando las relaciones con otros gobiernos, organismos multilaterales y redes de cooperación, con un especial énfasis en las relaciones con la Unión Europea, así como reforzar los intereses de los diferentes actores catalanes (empresas, comunidades...) que actúan en el exterior y mejorar los intercambios y facilitar la cooperación con los países del área mediterránea".
Hay que tener en cuenta que el año 2015 este mismo programa estaba dotado con un presupuesto de 11,1 millones de euros, lo que supone por lo tanto que ha habido un incremento de 7,1 millones. De esa cantidad, la mitad (3,5 millones de euros) se ha destinado íntegramente al despliegue de delegaciones, oficinas y misiones en el exterior en un año que para los independentistas era clave.
En conjunto, el coste este año de mantener las embajadas catalanas, cerradas ahora tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, está presupuestado en 7,5 millones de euros. Pero esa cantidad incluye tan solo los gastos corrientes y alquileres. Si a eso se le suma los 15,6 millones previstos en gastos de personal, el coste total de las delegaciones se eleva a un importe de 23,1 millones de euros.
Nuevas embajadas
Puigdemont había apostado este año por aperturas en La Habana (Cuba), Los Ángeles (Estados Unidos), Zagreb-Belgrado (Croacia y Serbia), Teherán (Irán) o Nairobi (Kenia), entre otras. Así, si a comienzos de 2015 había únicamente cinco, ahora ya son una decena.
Con planes para la apertura de hasta 50 embajadas en los próximos años, para Puigdemont la joya de la corona era la delegación ante la Unión Europea, ubicada en Bruselas, la capital comunitaria, precisamente la ciudad a la que huyó para evitar su detención por parte de la Justicia española. Desde ella, ha tratado de buscar, primero un apoyo y reconocimiento a la independencia catalana, algo que no ha logrado en ningún caso, y después, cuando ya daba la batalla por pérdida, una mediación. Tan solo esta delegación ante la UE, la única que permanece aún abierta, con 2.391 metros cuadrados en el centro de Bruselas, tiene unos costes de alquiler de más de un millón de euros al año, según publicó el Periódico de Cataluña.
El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, un organismo conocido como Diplocat y cuya misión era también internacionalizar el procès, contaba este año con un presupuesto de 2,3 millones de euros. Pero al igual que las embajadas ha sido clausurado por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Diplocat fue el organismo, por ejemplo, que se hizo cargo de los gastos de los 14 observadores internacionales contratados por Carles Puigdemont para supervisar el referéndum ilegal.
Y a todo ello hay que sumar, además, los gastos en viajes internacionales imputados a la Consejería de Exteriores, por un importe total de 671.600 euros más.
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