Eran las cinco de la tarde, como glosaba el poeta Federico García Lorca, cuando ayer Carles Puigdemont anunció que no convocaría elecciones en Cataluña por falta de garantías democráticas para celebrar en este momento unos comicios.
Este jueves, las peticiones del president al Gobierno central pasaron por la libertad de los jordis, la expulsión de policías y guardias civiles del territorio, y algunos requerimientos de perdón para que no recayera sobre el Govern los posibles delitos que se ciernen sobre sus cabezas. Moncloa, indignado con las exigencias y sus garantías, decidió continuar con la vía del 155 -que en ningún momento se ha visto paralizada-. Y en respuesta a la declaración de Puigdemont rechazó en el Senado la enmienda del Partido Socialista, que pretendía poner freno explícito al artículo 155 en el caso de que el president adelantara elecciones, siempre respetando la legalidad española.
Con este movimiento, el Gobierno central cercenaba una de las pocas válvulas de oxígeno que quedan para al president de la Generalitat. De hecho, a última hora, el PP solo ha aceptado la enmienda de los socialistas para que el Gobierno aplique las medidas del 155 de manera "proporcional y gradual", y que se puedan modular si se produjeran cambios en la situación u otras circunstancias así lo aconsejasen.
El cambio sorprendió, pues a lo largo del día se contempló la posibilidad de aparcar la aplicación del consabido artículo y guardarlo en un cajón, si finalmente Puigdemont se prestaba a convocar elecciones y renunciaba a la declaración unilateral de independencia (DUI). Una suerte de congelación de esta vía constitucional, eso sí, susceptible de ponerse en funcionamiento si las condiciones democráticas se veían alteradas.
El Gobierno siempre ha insistido en la necesidad de recuperar la legalidad, la convivencia, la economía, el empleo, la tranquilidad de las familias y, por último, la convocatoria de elecciones autonómicas. Ayer volvió a reiterar esta idea fuerza, con la que pretende llegar a la votación de este viernes en el Senado.
El posicionamiento de los populares de no dar marcha atrás en la Cámara Alta coincidió también con la del Tribunal Constitucional al no admitir a trámite dos recursos de amparo presentados en contra de las medidas de intervención en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución.
Uno de los recursos fue presentado por un grupo de senadores de la coalición gobernante en Cataluña formada por ERC y el PDeCAT, solicitando la nulidad de los acuerdos del Consejo de Ministros y su suspensión cautelar.
La Fiscalía, por su parte, presentó ayer un escrito oponiéndose a la puesta en libertad de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, pese a que las defensa de Sànchez y Cuixart han recurrido por segunda vez el auto de prisión provisional dictado por la jueza Carmen Lamela, que dirige la investigación de la denuncia por sedición presentada por el Ministerio Público y en la que están imputados, además de los líderes de las entidades soberanistas, el mayor de los Mossos d'Escuadra y la intendente Teresa Laplana.
La esperanza de Iceta y PNV
Nada más conocer el anuncio de Puigdemont, el líder de los socialistas catalanes reaccionaba afirmando que el president había dejado las cosas donde estaban. "Yo creía -dijo sorprendido- que las negociaciones estaban más avanzadas. Pero esto no se acaba aquí. Todavía podemos hablar y pelear para que convoque elecciones dentro de la legalidad. No renunciemos al diálogo. Y, ¿por qué no puede ir este viernes Puigdemont al Senado?", concluyó, recordando que el president de la Generalitat guarda sus opciones intactas de convocar comicios, al menos hasta el sábado.
En la misma línea que Iceta, el PNV solicitó a la vicepresidenta que abandone la vía del 155 y apueste por "la búsqueda del acuerdo" con la Generalitat.