
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado este lunes que el Govern tiene una posibilidad antes de que se aprueben definitivamente las medidas aprobadas el sábado: "Ir al Senado y hacer las alegaciones que estime oportunas". El Gobierno pedirá al Senado el cese de Puigdemont.
Sáenz de Santamaría, en una entrevista en Onda Cero, ha asegurado que no ha habido ningún contacto desde el sábado entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el de Carles Puigdemont, y ha reiterado que este proceso ya está en manos del Senado, que el próximo viernes aprobará previsiblemente las decisiones planteadas por el Ejecutivo.
Ante la posibilidad de que antes de que la Cámara Alta vote esas medidas el presidente de la Generalitat aclarara que no ha declarado la independencia, ha resaltado que "el Senado tiene capacidad de adaptarse a lo que Puigdemont y el Parlament hagan".
En esa línea es cuando ha subrayado que el Gobierno de la Generalitat tiene aún la posibilidad de ir al Senado y hacer las alegaciones que crea conveniente. "Así oiremos todos lo que tienen que decir. Lo mejor -ha añadido- es que las cosas se digan pública y abiertamente".
Justicia lo suscribe
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que "cada actuación" esta semana del presidente de la Generalitat tendrá "la reacción que corresponda" del Gobierno y del Senado, en referencia a la eventualidad de que los nacionalistas respondan a la aplicación del artículo 155 con una declaración de independencia o convocando elecciones.
Catalá ha hecho esta consideración tras asistir esta mañana en Madrid a un encuentro sobre protección de datos en el Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.
Preguntado por la posibilidad de que, como respuesta a la aplicación del artículo 155, el Parlamento catalán declare la independencia esta semana y Puigdemont convoque elecciones, el ministro ha dicho que "ahora es el Senado" el que debe debatir las medidas planteadas por el Gobierno y estudiar eventuales novedades.
Ha añadido que si hay "elementos nuevos" hasta que la Cámara Alta apruebe este viernes el cese de Puigdemont y sus consejeros, el Ejecutivo central y los senadores estudiarán la situación y responderán. "Cada actuación irá teniendo la reacción que corresponda o bien por el Gobierno o bien por el propio Senado", ha insistido el titular de Justicia.
"Lo iremos viendo en cada momento", ha añadido Catalá, quien ha apuntado que "si las circunstancias cambian en los próximos días, sin duda se podrán modificar" las medidas impulsadas por el Gabinete de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155.
"Un mando único"
Santamaría también ha afirmado que "es una posibilidad" que el presidente del Ejecutivo nombre un "mando único" para coordinar los ministerios, que asumirán las competencias de la Generalitat de Cataluña una vez que el Senado autorice al Gobierno la aplicación de las medidas en virtud del artículo 155 de la Constitución.
La vicepresidenta ha incidido en que después de que el Senado dé luz verde a las medidas pactadas con PSOE y Ciudadanos para Cataluña, el Gobierno catalán quedará cesado. Así, ha recordado al presidente catalán, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del Ejecutivo autonómico que "no están investidos por ninguna autoridad divina" y deberán asumir su cese.
"Dejan de serlo a todos los efectos legales por mucho que quieran vivir en la ficción", ha subrayado antes de recordar que el Gobierno autonómico es elegido gracias a la Constitución y al Estatuto catalán y no es investido por "ninguna autoridad divina".
En este sentido, ha señalado que, una vez recibida la autorización del Senado para la aplicación de las medidas acordadas para Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución, "dejará de cobrar, no tendrá firma de presidente, no podrá adoptar decisiones válidas" ni "ejercer sus funciones" del 155".
Asimismo, preguntada sobre la posibilidad de que otros cargos públicos se resistan a cumplir la aplicación del artículo 155, ha avisado de que la aplicación de ese artñiculo es "progresiva" y el Gobierno podrá adoptar decisiones para aquellos cargos que "sigan sin cumplir la Constitución y la ley".