Cientos de personas salieron este lunes a la calle en diferentes puntos de Cataluña, incluyendo la Jefatura Superior de Policía en Barcelona, para lanzar consignas como "fuera las fuerzas de ocupación" y prensa "manipuladora" o "asesina" en una tarde-noche de acoso independentista en el que se vivieron persecuciones y escraches contra agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que participaron en el dispositivo para frenar el referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.
La ira de diferentes grupos independentistas tuvo varios 'puntos calientes' como Calella, donde la noche del 1 de octubre un grupo de personas se concentró en diferentes hoteles donde descansaban guardias civiles para insultarles durante horas, lo que provocó que los agentes fueras reubicados en otras instalaciones. Otros lugares con situaciones similares fueron Reus, Pineda del Mar y Lleida.
En este sentido, la Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación por coacciones, amenazas y delitos de odio contra los responsables municipales respecto de las expulsiones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se produjeron este lunes en diferentes hoteles de Cataluña.
La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha denunciado este martes las presiones y coacciones "mafiosas" que han recibido trabajadores y responsables de hoteles como en Pineda del Mar para expulsar a los agentes bajo amenaza de cierre del establecimiento. Según ha recalcado, el Ejecutivo del PP no va a tolerar esos comportamientos "mafiosos de los ayuntamientos en Cataluña".
Así se ha pronunciado Santamaría tras inaugurar la tercera edición del Summit Shopping Tourism & Economy, en la que ha leído textualmente un mensaje que recibió anoche de la Guardia Civil: "Debido a una reunión que hemos tenido con responsables del ayuntamiento de Pineda del Mar, nos vemos obligados bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante cinco años, a desalojar el contingente de policías nacionales de nuestros hoteles".
Sin embargo, los hoteles de Pineda de donde fueron expulsados los policías nacionales dicen ahora que no tuvieron presión del Ayuntamiento de la localidad para que echaran a los agentes de los establecimientos. Así lo afirman en un comunicado conjunto con el ayuntamiento de Pineda de Mar, gobernado por el PSC, a pesar de la carta firmada ayer.
Interior hará "todo lo necesario"
También desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha reunido de urgencia este martes a primera hora a los directores generales de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, y de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, para estudiar las medidas "dentro del Estado de Derecho que frenen el intolerable acoso" contra agentes por parte de grupos independentistas en Cataluña. También asiste el secretario de Estado, José Antonio Nieto.
Tras esta reunión, Zoido ha avisado de que hará "todo lo necesario" y tomará todas las medidas posibles para defender la legalidad y mantener su compromiso con las órdenes judiciales, desde que se les dio instrucciones para impedir el referéndum ilegal del pasado domingo, 1 de octubre. El ministro ha dejado claro que la Leyes son de "obligado cumplimiento" en España para todos los ciudadanos "residan en la comunidad autónoma en la que residan".
De la misma manera, y tras reunirse en Moncloa también con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro del Interior ha acusado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de "alentar el acoso totalitario" contra los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha anunciado que el Gobierno ha tomado la decisión de que ni los policías nacionales ni los guardias civiles "abandonen ningún hotel donde haya contrato en vigor".
"Son actos tumultuarios" que el ministro ha relacionado de forma "directa con las palabras" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en las que ayer lunes exigió la salida de Cataluña de la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Lo único que hacen allí", ha dicho sobre estos agentes, "es garantizar la libertad y derechos de todos los catalanes, cumplimiento órdenes jurisdiccionales".
Desde el Govern catalán, el conseller de Interior, Joaquim Forn, ha avisado a Zoido de que la mejor medida para frenar las concentraciones de rechazo a las fuerzas de seguridad es "retirarse y respetar la voluntad de un país que quería votar en paz". Así ha reaccionado en su perfil de Twitter al comentario del ministro, que afirmaba también en la red social que el Ministerio del Interior tomará todas las medidas que sean necesarias para frenar el "intolerable acoso" a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Más conciliador ha sido el llamamiento hecho desde los Mossos d'Esquadra, quienes han pedido en Twitter que se respeten los hoteles donde se hospedan los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. "No contribuyáis a la crispación. Respetad los lugares donde se alojan fuerzas policiales", ha escrito la policía catalana en un apunte de su cuenta de Twitter la mañana de este martes.
Policías en Cataluña ofrecen sus casas
Por su parte, los principales sindicatos de la Policía Nacional (SUP, CEP, UFP, SPP y ASP) han reclamado la dirección de este cuerpo y al Ministerio del Interior que adopten "medidas urgentes y efectivas" frente a "los ataques, acoso, persecución y señalamiento" de que son objeto por parte de los independentistas en Cataluña.
A través de un comunicado conjunto, estos sindicatos han pedido actuar contra "prácticas mafiosas" como la presión independentista que ha llevado a hechos como los de Calella. Estos representantes de los policías afirmaron que el "objetivo último" de esta presión que están sufriendo sus compañeros es "la salida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Cataluña" y que esto permita "que la impunidad pueda abrirse paso".
El sindicato CEP, además, está coordinando una iniciativa en la que agentes del cuerpo que viven en Cataluña están ofreciendo sus viviendas particulares a los policías que están sufriendo una "campaña de señalamiento y persecución propia de dictaduras".
En un comunicado, el sindicato explica que esta iniciativa basada en la solidaridad de los agentes es una alternativa de urgencia mientras el Ministerio del Interior encuentra otros alojamientos. Han tomado esta medida para ofrecer una vivienda a policías que están siendo desalojados de sus hoteles "por la presión que sobre ellos están ejerciendo algunos ayuntamientos y diversos colectivos sociales".
