Una nota interna de la Jefatura de los Mossos d'Esquadra ha informado este sábado a los agentes del Cuerpo de la instrucción dada por la Fiscalía de Cataluña de que será un alto cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad "el encargado de coordinar los dispositivos" para impedir el referéndum ilegal del 1-O. Horas antes, tanto la Generalitat como el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, habían rechazado seguir las consignas de la Fiscalía Superior de Cataluña, quien dio la orden de que los Mossos se incorporasen a una coordinación desde Interior. Un coronel de la Guardia Civil asumirá el mando de todos los cuerpos
Esta nota interna ha sido difundida y leída esta tarde en las dependencias de los Mossos y en ella se indica que se ha comunicado al Fiscal Superior de Cataluña que el Cuerpo "seguirá dando cumplimiento a sus órdenes, pero que no comparte que una parte de la actividad del Cuerpo sea ordenada y tutelada por un órgano que depende del Ministerio del Interior".
También se informa a los agentes de que los servicios jurídicos del Departamento de Interior y de la dirección general de la Policía de la Generalitat están estudiando esta instrucción de la Fiscalía, a la que ha propuesto como alternativa que esta coordinación sea ejercida por órganos ya existentes, como la Junta de Seguridad de Cataluña.
A pesar de no compartir la instrucción, la nota es taxativa al indicar que "el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, a lo largo de su historia, ha mostrado un respeto escrupuloso a las órdenes que le han llegado de jueces, tribunales y ministerio fiscal, posición que evidentemente seguiremos manteniendo".
"De la misma manera -añade- el Cuerpo de Mossos d'Esquadra ha mostrado un respeto escrupuloso a la dependencia gubernativa que emana del actual marco normativo".
La Generalitat y el jefe de los Mossos rechazaron la orden del fiscal
La nota interna contrasta con la declaración institucional hecha esta misma jornada por el conseller de Interior, Joaquim Forn, quien ha asegurado que los Mossos han expresado, a través del mayor Josep Lluís Trapero, "la voluntad del Cuerpo de no aceptar la coordinación del representante del estado español" con el resto de fuerzas de seguridad en Cataluña con vistas a impedir el 1-O.
Forn ha denunciado también la intención del Gobierno de "intervenir a los Mossos d'Esquadra tal y como se ha hecho con las finanzas de la Generalitat de Cataluña", y que para ello "pretende aplicar el artículo 46 de la ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para dirigir desde el Estado a los Mossos d'Esquadra", lo que ha considerado como "un hecho inaceptable".
Por contra, la Jefatura de los Mossos precisa a los agentes que "esta instrucción en ningún caso supone la intervención del Cuerpo de Mossos d'Esquadra por parte del Estado".
La nota dirigida al Cuerpo concluye asegurando que, igual que hasta ahora, los Mossos "continuarán manteniendo las competencias que le son propias, trabajando con el mismo rigor, compromiso y servicio a la ciudadanía para garantizar la seguridad y el orden público, manteniendo los valores que nos definen y que se basan en la proximidad, el compromiso, la integridad y la voluntad de servicio".
El mando recae en un coronel
El fiscal superior de Cataluña ha dado esta mañana instrucción al Ministerio del Interior para que asuma la coordinación de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional en las actuaciones para impedir el referéndum del 1 de octubre, una decisión que rechaza el Gobierno de la Generalitat, que la recurrirá.
El fiscal superior ha comunicado su decisión de que las actuaciones para impedir la celebración de la consulta sean coordinadas por el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos.
A juicio del gobierno de la Generalitat, el fiscal se extralimita en sus funciones y viola el Estatut y la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, por lo que los servicios jurídicos del Govern estudian una "respuesta jurídica". De hecho, el Govern sopesa impugnar la instrucción ante la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o presentar un incidente competencial ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno central ha indicado que se mantiene a la espera de ese un informe jurídico como respuesta definitiva a la orden del fiscal, que, según subraya, se circunscribe a impedir el 1-O.
