El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho este miércoles que el Estado "ha suspendido de facto el autogobierno y ha aplicado de facto un estado de excepción" en Cataluña.
Lo ha dicho durante una declaración institucional junto a su Govern en el Palau de la Generalitat, tras reunir a 10:30 horas a su Govern de manera extraordinaria por los registros y detenciones de la Guardia Civil contra la organización del 1-O.
Puigdemont ha constatado una "agresión coordinada por las fuerzas policiales" para impedir a los catalanes que se puedan expresar con libertad y paz -ha dicho- el 1-O y para suspender la actividad del Govern surgido de las urnas.
El presidente catalán ha sostenido que la operación de esta jornada, sumada a la citación de alcaldes o al registro de imprentas, son un intento de "intimidación" a los catalanes y provocan una "situación inaceptable".
El mandatario autonómico ha añadido que con estas actuaciones el Gobierno de Mariano Rajoy pretende acabar con "la demanda de la mayoría del pueblo de Cataluña" de poder decidir en una consulta sobre su futuro político.
Asimismo, Puigdemont ha dicho que estudiará con los agentes políticos, sociales y económicos de Cataluña como hacer frente a esta "vergüenza democrática", a la que ha dicho habrá que dar "la respuesta democrática oportuna". En todo caso, ha asegurado que los catalanes están emplazados a votar el 1-O y a dar una "respuesta y masiva" ese día.
También ha defendido que se trata de que los catalanes respondan el día de la consulta "con las únicas armas ciudadanas", que son la movilización y la protesta. En todo caso, ha advertido de que los que defienden un referéndum no darán "un paso atrás".
Forcadell llama a votar
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha reprochado al Estado la operación policial contra el 1-O y ha defendido reaccionar manteniendo el referéndum: "Tenemos claro que la mejor solución es el voto, llenando las urnas el 1 de octubre, votando 'sí' o 'no".
Forcadell ha leído una declaración institucional en el despacho de audiencias de la cámara junto a sus antecesores Joan Rigol, Núria de Gispert y Ernest Benach, y los miembros de la Mesa querellados como ella por el 1-O. Ha considerado que la actuación policial supone la suspensión de la autonomía y la vulneración de derechos fundamentales del derecho internacional: "La aplicación de un estado de excepción de facto".
También ha dicho textualmente que estas actuaciones criminalizan, obstaculizan y quieren impedir que los catalanes decidan su futuro votando democráticamente: "Esta es la gran ofensa que ha activado todos los mecanismos del Estado". "Ante la voluntad de votar, ¿sólo podéis ofrecer amenazas y miedo?", ha preguntado, y ha pedido reaccionar desde Cataluña con firmeza y civismo.
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