El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, abrió ayer una investigación a todos los municipios que habían firmado el decreto distribuido por la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), señalando que cederán locales municipales para la votación. Por su parte, Carles Puigdemont se aseguró la dirección de los colegios electorales en Barcelona de cara al referéndum, al colocar a su consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, al frente del órgano que controla los centros públicos en la ciudad.
El referéndum de ruptura del 1-O ha sido ilegalizado y el Tribunal Constitucional ha apercibido a cerca de 1.000 cargos públicos, entre ellos a todos los alcaldes, para que bloqueen cualquier iniciativa enfocada a facilitar el referéndum. Esta comunicación ha provocado que varios consistorios, entre ellos, el de Barcelona, se haya negado a ceder espacios públicos. Ada Colau, sin embargo, se abrió a buscar soluciones, y el cambio conocido ayer podría responder a ello.
Con los alcaldes que, sin embargo, han decidido apoyar el 1-0 la Fiscalía ya ha actuado. El documento de la AMI ha obtenido la adhesión de 712 municipios -aproximadamente un 75 por ciento del total que existen en Cataluña-, cuyos ediles tendrán que declarar ante el ministerio público. Las fiscalías provinciales trasladaron ayer a la policía el requerimiento de Manuel Maza y ahora la policía judicial irá citando a los alcaldes, teniendo en cuenta el tamaño de la población.
En un principio, de acuerdo con la presidenta de la AMI, Neus Lloveras, que también es alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, la intención de la mayoría de ediles independentistas es acudir a declarar. "Nos explicaremos delante de quien sea necesario", apuntó Lloveras, que, no obstante, dejó la puerta abierta a que algún alcalde decida no acudir "voluntariamente".
Para estos casos, el fiscal general del Estado obliga a los Mossos de Esquadra a detener a quien no comparezca para asegurar que acudan a la Fiscalía. El proceso se anticipa complejo, porque los ediles de la CUP ya han adelantado que no se personarán cuando se les cite. La formación anticapitalista, que sostiene al Gobierno de Carles Puigdemont, indicó ayer su decisión a través de un comunicado. Los cupaires gobiernan directamente en 28 ayuntamientos catalanes y en coalición en otros dos más.
La plaza más importante
Aunque la alcaldesa de Barcelona continúa sin querer implicarse en la organización del 1-O, los pasos dados ayer parecen una consecuencia de su petición a Puigdemont de buscar soluciones.
Por sorpresa, el diario oficial de la Generalitat de Cataluña publicó el miércoles el cese del presidente del Consejo de Dirección del Consorcio de Educación de Barcelona; un órgano que dirige todos los centros educativos públicos de Barcelona, por lo que su papel parece clave a la hora de abrir o no el 1-O los colegios -más de 200- con los que cuenta la capital catalana.
Hasta el momento, este cargo había sido ocupado por Lluís Baulenas y desde ayer ha sido sustituido por la consejera de Enseñanza, Clara Ponsatí, que sin embargo, negó que su nombramiento esté relacionado con el referéndum.
La Generalitat cuenta con la potestad de elegir al presidente de este órgano, en tanto que al vicepresidente lo elige la alcaldesa de Barcelona. Además, el Gobierno catalán cuenta con una mayoría de miembros -cinco, frente a los tres del Ayuntamiento-.
Ada Colau, según recoge Europa Press, explicó que con esta modificación, Ponsatí asume "toda la responsabilidad" de lo que se firme en el Consejo. Ponsatí es uno de los consellers que entró en julio en el Ejecutivo catalán, tras la purga de los consejeros más moderados.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional dio ayer 48 horas a la sindicatura electoral nombrada de cara al referéndum y formada por independentistas, para que aporten información sobre las medidas que están llevando a cabo para frenar el 1-O. El Constitucional cuenta con la potestad de multarles.
