La sala de lo Penal del TSJC aprecia delitos de desobediencia, prevaricación y malversaciónEn el caso de Forcadell y la mesa del 'Parlament', el tribunal sólo ve indicios de los dos primeros
El llamamiento a la desobediencia con el que Carles Puigdemont calentó el domingo la Diada, podría no haber sido el primero. La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ve indicios de que el presidente de la Generalitat y todos sus consellers han impulsado de forma continuada actos de insumisión.
El martes, el TSJC aceptó a trámite la querella de la Fiscalía en la que imputaba a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y al resto de consellers presuntos delitos de desobediencia y prevaricación continuadas y malversación de caudales públicos. Los dos primeros están penados con multas e inhabilitación, pero el último podría conllevar que el presidente, el vicepresidente y los consellers puedan entrar en la cárcel. Aunque la eludieran, el Gobierno catalán se arriesga a ver truncada su carrera política.
Así, la desobediencia contempla una pena de inhabilitación de seis meses a dos años y multa, mientras que la prevaricación puede conllevar entre nueve y quince años de inhabilitación para empleo o cargo público y para poder concurrir a unas elecciones. En cuanto a la malversación, está penada con hasta ocho años de cárcel.
La causa admitida a trámite ayer se suma a la que ya abrió el TSJC por la licitación del contrato de compra de urnas, que el Govern declaró desierta excusando que no habían concurrido empresas con suficientes garantías económicas.
Los magistrados, sin embargo, no ven por ahora indicios de malversación de caudales públicos en las actuaciones de los miembros de la mesa del Parlament y de su presidenta, Carme Forcadell, tal como solicitaba la Fiscalía.
De acuerdo con el auto hecho público el martes, el tribunal solo ha incoado a Forcadell, Lluis Guinó, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet por uno o más presuntos delitos de desobediencia y de prevaricación continuada.
Tras recibir la notificación del TSJC sobre que había iniciado las investigaciones, Forcadell señaló que ningún tribunal "decidirá el futuro de este país, sino que lo harán los ciudadanos en las urnas libremente y democráticamente". La presidenta, además, señaló en que veía "la mano del gobierno" en que la Fiscalía imputara a los componentes de la mesa presuntos delitos, como la malversación, que conllevan delito de cárcel.
El Constitucional actúa
El auto del TSJC recoge una sucesión de hechos con los que la Fiscalía sostiene que Puigdemont, Junqueras y el resto de los miembros del Gobierno catalán han desobedecido al Constitucional. Entre ellos, destaca la firma del documento de convocatoria del referéndum, que todo el Ejecutivo realizó "de su puño y letra", en la madrugada del pasado miércoles.
El Constitucional invalidó la Ley del Referéndum en una reunión el pasado jueves 7 de septiembre. Ayer continuó bloqueando el cuerpo legislativo impulsado por los partidos independentistas -JxSí y la CUP- con la admisión a trámite del recurso de anticonstitucionalidad del Gobierno español contra la Ley de Transitoriedad.
Estas actuaciones legales, a las que hay que unir las que el Tribunal de Cuentas está llevando a cabo contra Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs a los que les podrían reclamar los 5,12 millones de dinero público que utilizaron para organizar la consulta del 9-N, que también había sido ilegalizada por el Constitucional. El Tribunal de Cuentas les notificará el próximo 25 de septiembre las cantidades que cada uno de ellos deberá asumir. El patrimonio de Artur Mas apenas cubriría un 12 por ciento de los gastos del 9-N.
Además, la pugna legal también está afectado a los actos públicos. Un tribunal ha prohibido al Ayuntamiento de Madrid, que lidera Manuela Carmena, ceder espacios públicos para un acto a favor del referéndum de ruptura. Esta decisión será acatada por el Consistorio. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, horas antes había hecho un llamamiento para que se respete la decisión tomada por el juez.
