Tres de las cuatro grandes capitales de provincia catalanas ya han dicho "no" a la petición de que cedan locales para el referéndum ilegal de la Generalitat de Cataluña. Barcelona, Lleida y Tarragona afirmaron este viernes que no abrirán los centros de voto habituales -los que se utilizaron el pasado 27 de septiembre de 2015-, tras la ilegalización de la consulta por parte del Tribunal Constitucional.
La delegación del Gobierno en Cataluña envió el viernes una nota a todos los ayuntamientos comunicándoles que estaban obligados a evitar que el referéndum se celebrara.
El rechazo de las grandes capitales de provincia de mantenerse dentro de la legalidad, invalidará cualquier intento de Puigdemont de tratar de impulsar un referéndum con unas mínimas garantías.
La clave de Colau
La decisión clave es la de Barcelona. Ada Colau había pedido 48 horas para definir su postura, y el viernes, a través de una carta, comunicó al Gobierno catalán que se habían suspendido los trámites para valorar la disponibilidad de locales, ante los autos emitidos por el Tribunal Constitucional. Barcelona es el ayuntamiento más importante de Cataluña, con más de 1,6 millones de habitantes, y cuenta con 260 colegios electorales y 1.300 mesas.
No obstante, este "no" de Ada Colau está lejos de ser categórico y ha quedado condicionado. Si el equipo de Puigdemont impulsara algún mecanismo para preservar la seguridad de los funcionarios, Barcelona estaría dispuesta a facilitar la participación. Y reiteró, por carta, que se comprometía a hacerlo si se asegurara la seguridad legal del ayuntamiento y de los trabajadores públicos. Otras capitales de provincia, como Tarragona y Lleida, que cuentan con más de 130.000 habitantes cada una, tampoco participarán. Hospitalet y Terrassa, con más de 200.000 habitantes, también se han negado a hacerlo.
Entre las capitales de provincia catalanas únicamente Girona, con 98.000 habitantes, está dispuesta a abrir el próximo 1 de octubre los centros de votación habituales. Carles Puigdemont era el alcalde de esta localidad antes de ser nombrado presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Los más pequeños apoyan
Al cierre de esta edición, cerca de una veintena de ayuntamientos, con una población que representa el 39 por ciento del total de Cataluña, había respondido que no participaría en el 1-O. Asimismo, más de 200 todavía no se habían pronunciado. En cuanto a los ayuntamientos dispuestos a desobedecer, superan los 600, y representan a algo más de un 40 por ciento de la población del total de la comunidad autónoma. Este elevado porcentaje se debe a que una serie de municipios importantes han contestado "sí" al requerimiento de la Generalitat de ceder espacios públicos para el próximo 1 de octubre.
Entre ellos, los más representativos son las localidades de Badadola y Sabadell, que cuentan con más de 200.000 habitantes; o Reus y Sant Cugat, con más de 80.000 habitantes.
Por su parte, Carles Puigdemont, tras ser objeto de una querella por parte de la Fiscalía, ha continuado demandando a los catalanes que voten, a pesar de la ilegalización del referéndum y del recurso del Gobierno español contra la Ley de Transitoriedad. Por su parte, Arran, organización juvenil cercana a la CUP, ha arrancado la campaña quemando fotos de los magistrados del Tribunal Constitucional, de acuerdo con la televisión pública catalana. La organización, protagonista de episodios de turismofobia este verano, opta por la desobediencia civil para asegurar el 1-O.
