La hoja de ruta independentista tiene por delante 25 días de vértigo después de que Carles Puigdemont haya ido posponiendo los trámites para intentar eludir la inevitable respuesta del Gobierno y la Justicia ante cada paso ilegal de la Generalitat y el Parlament controlado por Jxsí y la CUP.
La formación anticapitalista lo tiene claro, solo será posible cumplir estos planes si el Govern y el Parlament desobedecen las leyes, lo que empezó a ocurrir el miércoles con la aprobación de la ley del referéndum y de los decretos para hacerlo posible. Prosiguió ayer con el inicio del despliegue de las medidas necesarias para el 1-O y el debate en el Parlament para aprobar la ley de transitoriedad jurídica, que sería la ley suprema catalana en caso de que ganase el sí en el referéndum.
Las normas aprobadas no fijan un mínimo de participación para que se considere legítimo, pero los independentistas han deseado públicamente ya en repetidas ocasiones que las urnas estén llenas, mientras que entre los grupos políticos partidarios de la permanencia en España las voces claman por no acudir a votar ante una cita que es ilegal. El Govern sabe que no podrá aducir legitimidad en una consulta en que las urnas se queden vacías, por lo que, nada más firmar la convocatoria del referéndum, inicio publicidad institucional para animar a la participación, tanto si es a favor como en contra de la independencia.
Pero no lo tiene fácil, las empresas saben que se enfrentan a repercusiones legales si colaboran en cualquier actuación ligada a la organización del referéndum, ya que incumplirían las resolusiones del Tribunal Constitucional.
Concurso desierto
El Ejecutivo catalán declaró ayer desierto un concurso de adjudicación urgente de inserción de publicidad institucional para "potenciar el civismo" entre la ciudadanía hasta un día antes del referéndum. Invitó a hacerse con el concurso a cuatro grandes empresas que ya tenía identificadas previamente porque concurrieron en 2015 en otro concurso de adjudicación para el Acuerdo Marco de servicios de gestión e inserción de publicidad institucional en medios de comunicación. Solo presentaron oferta dos de ellas, y las otras dos renunciaron a ser adjudicatarias, según Europa Press.
Otro frente abierto es el de los locales electorales, que habitualmente ceden los ayuntamientos. Los entes locales recibieron ayer una carta de la Generalitat reclamando los locales habituales en los comicios y con un plazo de 48 horas para presentar alegaciones. También recibieron una misiva del Gobierno central para recordarles que respetasen la ley frente al referéndum ilegal. Puigdemont dijo que 560 de los 948 municipios catalanes habían dado ayer su beneplácito al 1-O.
La Generalitat también había nombrado ya una Sindicatura Electoral que debería ser imparcial pero cuyos cinco miembros son independentistas. Le queda por delante organizar las mesas y secciones electorales, buscar observadores internacionales y seleccionar a las organizaciones interesadas en participar en el referéndum.
A sabiendas de que no puede forzar a los ciudadanos a formar parte de las mesas del referéndum unilateral, la normativa no prevé sanciones para quien se niegue. Además, el Govern ha activado una bolsa de voluntarios para dotarse de "personal colaborador mediante un proceso de selección abierto a los ciudadanos" que contribuya a la organización y ejecución del 1 de octubre. Ayer tenían 16.000, según Puigdemont.
Respecto al escrutinio, los datos oficiales pueden hacerse esperar hasta seis días, y no contarán con ninguna garantía.
