El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, promoverá este miércoles ante el Tribunal Constitucional (TC) un incidente de ejecución de sentencia para paralizar las decisiones adoptadas por el Parlament que tienen como objetivo avanzar en la convocatoria de un referéndum en Cataluña el próximo 1 de octubre. El Parlament vive su jornada más tensa.
Para ello, el Gobierno prevé celebrar mañana un Consejo de Ministros extraordinario para tramitar la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley del referéndum y una vez que el Consejo de Estado haya emitido el informe pertinente.
Fuentes del Ejecutivo han recalcado que no era necesario que hubiera ya hoy una reunión del Consejo de Ministros para paralizar las decisiones adoptadas en el pleno del Parlamento de Cataluña en relación con ese referéndum, porque bastaba promover el incidente de ejecución de sentencia.
Es decir, que, tal y como ha hecho, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, instará a la Abogacía del Estado a pedir al TC que la sentencia aprobada en su día contra todas las actuaciones tendentes a convocar esa consulta fueran consideradas ilegales y, por tanto, paralizadas.
Cuestión distinta es actuar contra la ley del referéndum que previsiblemente aprobará el Parlament esta tarde y contra el decreto de convocatoria de esa consulta. Para ello, sí se requiere la presentación de un nuevo recurso al TC y un informe previo del Consejo de Estado.
La idea con la que trabaja el Gobierno es, una vez que el Parlamento catalán apruebe la ley, pedir al Consejo de Estado el informe preceptivo para presentar el recurso. Esta institución aprobaría su dictamen mañana, y, una vez que estuviera en poder del Gobierno, Rajoy se reuniría con sus ministros para que le avalaran a presentar el recurso.
Pendiente está también el Gobierno de cuándo se firma el decreto de convocatoria del referéndum que los independentistas pretenden celebrar el 1 de octubre y quién lo rubrica para actuar de la misma forma contra esa decisión. Una actuación que se adoptaría en este caso en aplicación del título V de la ley que regula el Tribunal Constitucional, relativo a la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley. Pero también es necesario un informe previo del Consejo de Estado para que el Gobierno pueda presentar recurso ante el TC.
Respecto a si se podría actuar contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o contra todos los que puedan firmar ese decreto, el Gobierno subraya que, de momento, hay que esperar a comprobar a quién atribuye la ley del referéndum la potestad de esa convocatoria. El Ejecutivo asegura que sigue en contacto permanente con el PSOE y Ciudadanos en relación con las decisiones que está adoptando frente los pasos de los independentistas catalanes.
"La mayor vergüenza democrática de mi vida"
Así lo ha confirmado en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Desde el palacio de la Moncloa y apenas una hora después de que el Parlament aprobase tramitar la ley del referéndum gracias a la mayoría de JxSçi y la CUP, ha indicado que nadie debe olvidarse que ir contra la ley tiene consecuencias y ha apelado a la Justicia para paralizar el proceso independentista. "El Gobierno no va a permitir que la ley se incumpla en España y está para defender la democracia y régimen de convivencia actual", ha indicado para avisar a la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, que no permitirá que se salte la legalidad.
Con un tono muy duro, Saénz de Santamaría ha asegurado que este miércoles se ha presenciado en el Parlament "algo abochornante, un falso debate político". "Ha sido un acto de fuerza contrario al derecho de los catalanes y a las propias competencias de la Generalitat", ha asegurado para continuar diciendo que no ha pasado "mayor vergüenza democrática" en toda su vida política. "Esto es propio de otras latitudes, no de un parlamento de la Europa occidental".
Y a este respecto ha resaltado que el Gobierno quiere lanzar un mensaje de tranquilidad "fundamentalmente a todos los catalanes" asegurando que los independentistasno se pondrán por delante de la democracia.
No obstante, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha concluido sobre las 14:00 de este miércoles sin adoptar ninguna decisión sobre la última decisión de la Mesa del Parlament de Cataluña de tramitar la Ley Referéndum, ya que a esa hora aún no había llegado al órgano el incidente de ejecución en el que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, advierte de que los últimos acontecimientos en la cámara catalana suponen un incumplimiento de las resoluciones del propio tribunal y pide su anulación.
Aunque el Registro del TC cierra a las tres de la tarde, cabe la posibilidad de que el Gobierno utilice la vía telemática para hacer llegar su escrito al tribunal -se pueden presentar por este sistema las 24 horas-, por lo que previsiblemente la primera acción del Gobierno contra los últimos movimientos de los grupos parlamentarios independentistas estará mañana sobre la mesa de los magistrados cuando reanuden su Pleno.
El PSOE apoya la respuesta del Gobierno
El PSOE apoya sin fisuras las primeras medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para responder al "atropello" a la democracia que representa la tramitación este miércoles en el Parlament catalán de la Ley del Referéndum que pretende avalar la consulta de independencia prevista para el próximo 1 de octubre.
En rueda de prensa desde la sede de Ferraz, el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, ha advertido de que el Govern catalán, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los partidos que componen el bloque separatista han vuelto a rebasar "una línea roja atropellando los derechos legítimos de los parlamentarios catalanes", a quienes se les ha dejado tan sólo dos horas para presentar enmiendas a la ley.
Ábalos ha "denunciado" expresamente el comportamiento de Forcadell, del Govern y de los grupos que están participando en una "mascarada groseramente orquestada para que el Parlamento apruebe una ilegalidad".
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