El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha advertido este martes durante su discurso ante el Rey Felipe VI y la cúpula judicial -reunida en el Tribunal Supremo con ocasión de la Apertura del Año Judicial- que la Fiscalía está obligada a "desplegar una defensa activa de la España constitucional frente a las vías de hecho en las que se está incurriendo por algunos", en clara alusión al denominado proceso independentista en Cataluña.
Sin citar concretamente las últimas actuaciones de la mayoría independentista que lidera este proceso en el Parlamento y el Gobierno catalanes, Maza ha recordado que los fiscales, como custodios de la legalidad, estarán "en la vanguardia" de la defensa "en todos los frentes" del ordenamiento jurídico.
Así, ha anunciado que bajo su dirección, las fiscalías de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal de Cuentas, así como la jefatura fiscal en la Comunidad Autónoma de Cataluña "y las Fiscalías Provinciales de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona seguirán actuando con celeridad y coherencia, siempre con plena sujeción a la legalidad, para garantizar nuestro marco de convivencia constitucional".
Maza se ha referido a la deriva nacionalista durante el último tramo de su discurso, subrayando que el Ministerio Público no abriga duda acerca de sus obligaciones y de su "vocación como promotor de la Justicia" al considerar que "sólo bajo su amparo y vigencia es posible el ejercicio de la libertad y el disfrute de la seguridad" de los españoles.
"Frente a la sinrazón no cabe vacilación"
En esta tarea, ha remachado, "frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley, del Estado de Derecho y de democracia, no caben vacilaciones de clase alguna".
Maza garantiza no obstante una actuación "serena y siempre sometida a la norma", si bien "firme y enérgica" para garantizar la preservación de las Instituciones del Estado de Derecho que es "patria común e indivisible de todos los españoles".
En este mismo sentido se ha expresado el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien ha asegurado que "nadie sufrirá por cumplir la ley" ante el desafío independentista de la Generalitat de Cataluña, ya que los jueces tienen el deber de amparar a todos los servidores públicos de toda España. Lesmes ha enfatizado en su discurso pronunciado ante el Rey Felipe VI que los jueces tienen que asegurar los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes, "especialmente con relación a aquellos ciudadanos que puedan sentirse amenazados por el legítimo ejercicio de esos derechos".
Además, el presidente del órgano de gobierno ha subrayado que los jueces amparan a "todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional". "Nadie sufrirá por cumplir la ley", ha concluido.
"Las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución y que solo contemplan como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio la ruptura o la separación, son inaceptables y violentan la propia democracia pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga sobre el todo", ha añadido.
"Un referéndum no es un delito"
Horas más tarde, el portavoz del Govern, Jordi Turull, respondía al fiscal instándole a leer las leyes y asegurando que llegará a la misma conclusión que la Generalitat y los soberanistas: "Un referéndum no es delito".
En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha argumentado que la Ley Orgánica 2/2005 aprobada por las Cortes descartó que la convocatoria de un referéndum sin tener competencias para eso pudiera perseguirse con el Código Penal. Esta reforma -que ha colgado en Twitter el conseller de Justicia, Carles Mundó- fue promulgada el 22 de junio de 2005 y tenía un artículo único que suponía derogar los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal.
La exposición de motivos de la reforma argumentaba que impulsar un referéndum o consultas careciendo de competencias para eso "no tiene la suficiente entidad como para merecer el reproche penal y menos aún si la pena que se contempla es la prisión".
Turull apela a esta ley para defender el referéndum y también esgrime una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 5 de julio de 2011, que avaló que la convocatoria de votaciones de este tipo no pudiera considerarse "un delito". "Lo primero que le diría al fiscal general del Estado es que se lea las leyes. Si el propósito es convocar un referéndum debería saber que convocar un referéndum no es delito. Alguien quiso que fuera un delito, pero se modificó", ha dicho el portavoz.
Además, ha asegurado que al Govern y al Parlament le asisten la Carta de de los Derechos Fundamentales de la UE con su artículo 49: "Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o el Derecho internacional".
Turull ha concluido entonces que quien podría incurrir en una ilegalidad serían las instancias del Estado que decidieran perseguir el referéndum: "Algunos podrían cometer un delito si persiguen a gente que no comete ningún delito".
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