Choque de trenes o desenlace. Los próximos días son claves en el enfrentamiento del Gobierno catalán con el Ejecutivo de Mariano Rajoy por el referéndum ilegal que Carles Puigdemont pretende impulsar el próximo 1 de octubre. El Gobierno avisa de que va a preservar la unidad de España y garantiza que no habrá urnas el 1-O.
Con la reforma del reglamento del Parlament bloqueada por el Tribunal Constitucional y con el "no" de la Mesa a tramitar la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica, si el Gobierno catalán no quiere convertir ambas leyes en dos decretos para evitar la posible inhabilitación de todo el Govern, el único recurso para que sean votadas en el Parlamento catalán y puedan aprobarse es que JxSí y la CUP alteren el orden del día del pleno que arranca mañana miércoles en el Parlamento catalán.
No sería la primera vez que ambos partidos utilizan este recurso para impulsar un texto polémico, aunque esta maniobra ya costó que se abriera una investigación contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament, por permitir la votación de un texto que daba continuidad a la declaración de ruptura, invalidada por el Tribunal Constitucional. Los partidos no independentistas ya han adelantado que abandonarán el hemiciclo en el caso deque se voten las leyes. Con esta tramitación, el independentismo evita que el resto de partidos presenten enmiendas o puedan recurrir el texto ante el Consejo de Garantías Estatuarias.
En cualquier caso, si ambas leyes salen adelante, el Gobierno español está preparado para hacer frente a su aprobación y prevé recurrirlas ante el Tribunal Constitucional en cuanto sean publicadas. Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidente del Gobierno, ya ha adelantado que el Ejecutivo está preparado para bloquearlas en 24 horas. Y para que los plazos estén controlados y se evite que se pueda firmar y publicar su convocatoria, el Tribunal Constitucional estará de guardia. El organismo celebrará sesiones ordinarias los próximos 6 y 7 de septiembre y también podría convocar una sesión extraordinaria exprés, ya que basta con que el presidente del Tribunal la convoque. Esto sucedería de forma inmediata en cuanto el consejo de ministros presentara los recursos.
El pasado viernes, Íñigo Méndez de Vigo, ministro portavoz, ya señaló que el Gobierno trabaja en esos recursos. Que JxSí y la CUP hayan hecho públicos los textos ha ayudado a adelantar el trabajo; si bien, el recurso será diferente dependiendo de quién firme el documento.
Para poder impulsar el recurso contra la aprobación de ambas leyes y evitar, por tanto, su entrada en vigor, el Ejecutivo de Mariano Rajoy deberá convocar un consejo de ministros extraordinario en el que se apruebe.
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