El Gobierno pedirá a la Generalitat de Cataluña que semanalmente certifique que no está destinando dinero público a la financiación del referéndum del 1 de octubre, según ha acordado este viernes el Ejecutivo en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. l Guindos dice que la prioridad del Gobierno es mantener la financiación de Cataluña
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha informado de este punto abordado en la citada Comisión, presidida por Mariano Rajoy, y encaminado a "impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto" para esa consulta "ilegal" sobre la independencia, ha dicho el también ministro de Educación, Cultura y Deporte. | La Generalitat advierte de que "si cortan el grifo a Cataluña, el Estado español se verá afectado"
En rueda de prensa, y tras recordar que el Tribunal Constitucional ha declarado nula la disposición de la Ley de Presupuestos de Cataluña referida a la financiación del referéndum, Méndez de Vigo ha lamentado que, pese a ello, los promotores de la consulta continúan con la voluntad de celebrarlo, lo que ha generado "incertidumbre" en ciudadanos y empresas.
Más tarde, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha aclarado que el acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos viene a "reforzar el control económico y financiero" sobre el presupuesto de la Generalitat, siendo "más exigente" y aumentando la periodicidad del control. Además, ha apuntado que el acuerdo se ha establecido por "la escalada de declaraciones públicas" de los máximos responsables de la Generalitat en relación al referéndum "ilegal".
El Gobierno ha adoptado así este acuerdo dada la situación de "riesgo" que esto genera y de incertidumbre para empresas y ciudadanos para garantizar que "ni un solo euro público" estará destinado a la financiación del referéndum. "El referéndum no puede ser pagado con dinero público. Estén tranquilos todos los catalanes que no habrá un euro distraído para nada que sea ilegal", ha garantizado Méndez de Vigo.
Funcionarios, obligados a informar
Para ello, una serie de altos cargos y funcionarios deberán remitir de manera individualizada y semanal certificados que garanticen que no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum.
Los responsables obligados a enviar esta información al Gobierno son los interventores de las consejerías, con el soporte certificado de los máximos responsables de los órganos gestores, los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de presupuestos y el director general de política financiera, seguros y tesoro.
¿En qué casos se retirará el FLA?
Con esa información, si el Ministerio de Hacienda concluyera que sí se están destinando fondos a la financiación del referéndum, "dará traslado a las autoridades competentes para la exigencia de responsabilidad", según ha detallado el portavoz del Ejecutivo. Y en caso de que no cumplan con la obligación de remitir esa información semanal, el Gobierno pondrá en marcha lo previsto en los acuerdos del FLA, condicionado al cumplimiento de su objetivo de sufragar servicios públicos.
"Podría llegar a retirarse el FLA, es una línea destinada al progreso y bienestar de los catalanes", ha reconocido Méndez de Vigo tras recordar que, desde 2012, Cataluña ha recibido 67.000 millones de euros por esa vía y en 2017 tiene previsto un montante de 3.600 millones.
La entrada en vigor de este acuerdo es "inmediata". "Si un Gobierno quiere utilizar el dinero quiere utilizarlo para otras cosas que además son ilegales tendrán que ser ellos los que lo sufraguen, porque no lo sufragarán con el dinero de todos los catalanes", ha subrayado. Según ha justificado, existe "derecho" a "saber que nadie utiliza ese dinero de todos para algo que es solamente la pretensión de unos pocos". Se trata de una medida "preventiva" en favor de la "seguridad y bienestar" de los catalanes "para garantizar que el dinero va donde los catalanes quieren que vaya, que es a prestar los servicios públicos esenciales y no un referéndum ilegal".
Guindos dice que no habrá impago
Por su parte, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que una de las misiones tanto del Tesoro español, como de los ministerios de Economía y de Hacienda y Función Pública, es la de garantizar los flujos de financiación de la Generalitat y ha sentenciado que "no se va a producir ningún tipo de impago".
El ministro ha señalado que esta decisión se trata únicamente de una continuación de medidas ya tomadas hace más de año y medio, por lo que la única novedad estriba en reducir los controles a periodicidad semanal.
