La Generalitat propone en su nueva hoja de ruta que la futura Constitución de la República catalana sea redactada a través de un proceso asambleario de base participativa ciudadana.
Así se recoge en el nuevo borrador al que ha tenido acceso El País de la Ley de Transitoriedad Jurídica (LTJ), también conocida como 'ley de desconexión', que el independentismo quiere presentar y aprobar este mes de julio.
Según este borrador, redactado conjuntamente por el presidente del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí y miembro de la dirección del PDeCat, Jordi Turull, y por la secretaria general y número dos de ERC, Marta Rovira, también diputada de la confluencia, a partir del hipotético referéndum del 1 de octubre se abriría un proceso asambleario de seis meses.
Durante este proceso, la "norma suprema" a falta de Constitución catalana sería esta ley, que cuenta con siete títulos y 71 artículos, y en cuyo título VII se detalla cómo va a producirse el proceso constituyente.
En caso de que el resultado del hipotético referéndum del próximo 1 de octubre sea favorable a la independencia, se dará comienzo, por tanto, a este periodo "de base ciudadana, transversal, participativa y vinculante, con el objetivo de redactar y aprobar la Constitución de la República".
Dicho período que, como se ha dicho, duraría seis meses, se dividiría en tres fases contempladas en la ley: "Una primera, de proceso participativo; una segunda, de elecciones constituyentes y de elaboración de una propuesta de Constitución por parte de la Asamblea constituyente; y una tercera, de ratificación de la Constitución por medio de un referéndum".
El corte asambleario de la propuesta, con una dinámica similar a la seguida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el impulso de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), según El País, se refleja en la idea de crear un "Foro Social constituyente formado por representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos".
Este foro estaría destinado a responder a "un conjunto de preguntas sobre los principios y cuestiones generales de la futura Constitución" de manera que sus resoluciones finales supusiesen "un mandato que vincula políticamente la Asamblea constituyente, la cual los articula jurídicamente y, si hace falta, los armoniza y sistematiza".
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