La Fiscalía Anticorrupción señala que la sociedad pública Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, "ha sido presuntamente utilizada desde su adquisición en el año 2001 para desviar fondos públicos" de la empresa del agua madrileña. Los dos fiscales del caso Lezo, Carmen García Cerdá y Carlos Yañez, destacan en una pieza sobre la situación personal de Edmundo Rodríguez, expresidente de Inassa y consejero delegado de La Razón, que los gestores de la sociedad la manejaron como si fuera una empresa privada y se sirvieron de los fondos obtenidos de Canal Extensia, otra firma del Canal, para financiar opacas inversiones societarias acordadas por Edmundo Rodríguez y otros miembros del consejo de administración de Inassa. "El ingente dinero público desviado permanece oculto", reseñan los fiscales.
El escrito recoge que una de las operaciones "más groseras" realizadas por Rodríguez fue la compra por parte de Inassa de la sociedad brasileña Emissao, que "permitió indiciariamente desviar más de 20 millones de euros de capital público". Rodríguez y la entonces directora económica y financiera del Canal, María Fernanda Richmond, siguieron adelante con la adquisición de la brasileña a pesar de tener en su poder un informe de KPMG que advertía de la dificultad de conocer la valoración real de sociedad.
"Las ganancias ilícitas de los intervinientes (en la compra de Emissao), depositadas inicialmente en cuentas abiertas en Suiza, superaron indiciariamente los 20 millones de euros", recalca el escrito.
Ambos fiscales recriminan además a Rodríguez que durante su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Eloy Velasco, defendiera que Inassa es una empresa privada.
Recuerdan que los "tejemanejes" realizados en la firma colombiana le han granjeado altas "ganancias ilícitas", y que posee, además de varios inmuebles en el extranjero, cuentas en Reino Unido y en la Isla de Jersey. Los fiscales se niegan a su excarcelación por posibilidad de fuga y destrucción de pruebas.
Alto nivel de vida
Anticorrupción se opone también a que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pueda quedar en libertad porque, según dice, su "notoriedad pública en España no hace impensable que vaya a huir de la justicia". De hecho, asegura que "mantiene un patrimonio oculto tras entramados societarios erradicados en paraísos fiscales" y que, en consecuencia, "tiene una capacidad real de acción para huir y actuar contra los derechos económicos de los perjudicados, frustrando la recuperación de los activos". Tampoco toma en cuenta el arraigo familiar, puesto que, señala, que varios miembros de su familia están siendo investigados por presuntas actividades ilícitas.
Los dos fiscales aseguran además que tanto Ignacio González como su familia disfrutaban de un alto nivel de vida y proyectaban fuertes inversiones en distintos sectores, "incompatibles con sus fuentes de renta".
El "chivatazo" del número dos de Interior
Los fiscales Anticorrupción, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, señalan al número dos del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, como el autor de haber dado un chivatazo sobre la investigación. "Los seguimientos policiales a Pablo González (hermano de Ignacio González y exdirectivo de Mercasa) y las llamadas interceptadas confirmarían que (...) se reunió con el secretario de Estado", alertando de "la gravedad de la comunicación".
