El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, está investigando a José Herrero de Egaña y López del Hierro, sobrino político de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la trama del pago de comisiones de la empresa pública Mercasa en países de Latinoamérica y África a cambio de conseguir adjudicaciones. De la Mata sigue este caso en colaboración con Eloy Velasco, el titular del juzgado número 6, instructor del caso Lezo de corrupción en el Canal de Isabel II.
Herrero de Egaña adquirió en 2009 a través de una de sus sociedades, Tuy Cincuenta, el 27,27% del capital de Consorcio Mercasa-Incatema Consulting, la filial de la empresa pública que desarrolló la red internacional y que está bajo sospecha por el supuesto pago de sobornos. La firma privada Incatema tenía otro 27,27%, y Mercasa, sociedad dependiente de la Sepi, aglutinaba el 45,46% de las participaciones restantes. Las llamadas intervenidas en el marco de la operación Lezo a Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y a su par director de Operaciones y Estrategia de Mercasa, revelan que Consorcio Mercasa-Incatema "habría pagado en repetidas ocasiones comisiones a funcionarios y cargos públicos de determinados países a cambio de que el citado consorcio resultara adjudicatario de contratos públicos", según señala un auto del juez Velasco.
En diciembre de 2012, la junta de accionistas del consorcio acordó que Mercasa compraría por 1,6 millones el 62,5% de las acciones que la firma de Herrero de Egaña tenía en el mismo, mientras que Incatema adquiriría el otro 37,5 por 1,37 millones de euros. En total, el sobrino político de Cospedal recibiría así casi 3 millones por su paquete en Consorcio Mercasa-Incatema Consulting. Sin embargo, finalmente Mercasa solo adquirió por casi medio millón el 16,6% de las acciones que tenía Tuy Cincuenta puesto que el resto de la operación estaba sujeta a la autorización de la Sepi y del Consejo de Ministros que no llegó. Fuentes próximas al empresario niegan que haya cometido algún tipo de irregularidad y que la venta de las acciones, pignoradas por el Banco Gallego, se debió a problemas financieros.
Según las cuentas del consorcio, fue Incatema la que adquirió las 12.505 participaciones que no se quedó la empresa pública. Consorcio Mercasa-Incatema se dedica a la ejecución de proyectos "llave en mano" en países como Angola, Ecuador, Salvador, Honduras, Haití, Senegal, Ghana o Kenia, contratos ahora bajo sospecha.
Entre otros proyectos, la empresa trabaja en la actualidad en la segunda fase del Mercado Mayorista del Centro Logístico y de Distribución de Luanda (Angola), conocido como CLOD Luanda. Precisamente, De la Mata investiga el pago de comisiones por éste millonario contrato cuya primera fase se firmó en 2006 por 200 millones, y la segunda se acordó en 2013 por 132 millones. El juez está investigando además de las actividades de Tuy, el posible cobro de comisiones por parte de Herrero de Egaña a través de otra firma, Ibadesa.
Cuentas
Mercasa tuvo un resultado consolidado de 9,28 millones en 2015, de los que el consorcio con Incatema aporta 6,19 millones. Mercasa Incatema ingresó 76,05 millones en 2015, el doble que en 2014 y obtuvo un beneficio de 12,39 millones. De la Mata mantiene investigados a toda la cúpula de Mercasa, incluido a Eduardo Ameijide y Montenegro, presidente de la compañía hasta el pasado mes de abril que salió a la luz la operación Lezo. El magistrado investigaba a la compañía en una pieza separada del caso Defex, sociedad también de la Sepi, cuya cúpula también está acusada de pagar sobornos en terceros países.
