Valencia
El anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan hacer un mayor uso de su superávit, no ha generado demasiado entusiasmo en el Ayuntamiento de Valencia, uno de los que reclama desde hace años poder disponer con total libertad del remanente de sus cuentas -que en el pasado ejercicio 2019 se situó en los 58,7 millones-.
"Queremos que la medida que va a poner en marcha el Gobierno otorgue la mayor libertad posible a todos los municipios para poder disponer de este importe", afirmaron fuentes de alcaldía, que temen que "la medida se dirija solo a sufragar medidas concretas como las que se tomen contra la despoblación y no den margen de maniobra a ayuntamientos como el de Valencia".
Montero, en concreto, anunció el pasado jueves en el Pleno del Congreso que el Ejecutivo impulsará una "nueva regla de gasto" para otorgar "un mayor margen" -sin ahondar en demasiados detalles- que facilitará a las entidades locales con superávit las inversiones para asuntos como la despoblación, el fomento del empleo, el medioambiente y la educación.
La dirigente aseguró que es "consciente" de que grupos como Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Compromís o Más País habían reclamado "la flexibilización" de la regla de gasto, de modo que transmitió la voluntad del Gobierno de "recoger esta petición". "Nuestra intención es hacer una nueva regla de gasto con una metodología que permita un mayor margen a las comunidades y entidades locales", dijo Montero, que señaló que ya se han "abordado revisiones" para la utilización del "mal llamado superávit" de las entidades locales. En la misma línea, añadió que establecerá una "ruta que permita una mayor utilización" para los gastos plurianuales, aumentando los conceptos que pueden recogerse en las inversiones financieramente sostenibles (IFS).
"Lo más laxa posible"
Ante tal anuncio, el Ayuntamiento liderado por Joan Ribó (Compromís) recalcó que espera que la medida "sea lo más laxa posible", de modo que una gran ciudad con superávit como Valencia se beneficie de la medida. Del relato realizado por Montero aplauden la voluntad de que el superávit municipal pudiera destinarse a inversiones plurianuales. En este momento, según lamentan, el remanente de su ejercicio solo pueden destinarlo a dos cuestiones: el pago de la deuda y las inversiones financieramente sostenibles (IFS) que se materialicen durante el ejercicio siguiente.
"Esto introdujo una complejidad adicional, porque obliga a seleccionar actuaciones que se vayan a ejecutar con seguridad dentro del ejercicio. En este sentido, si el cambio permite que se destine el dinero a actuaciones de inversión plurianual, si será un avance positivo", celebra el Ayuntamiento.
No obstante, en el consistorio no entienden el resto de limitaciones deslizadas por la ministra, que habló de flexibilizar el gasto del superávit cuando este se derive a inversiones en educación, medio ambiente, gasto corriente para el fomento del empleo o contra la despoblación. "¿Por qué debe haber limitaciones cuando se trata de dinero de los contribuyentes de la ciudad? Si se trata de acabar con una situación injusta ha de ser para permitir el gasto con la mayor libertad posible", recalcan.
En este sentido subrayan que las actuales restricciones a los ayuntamientos provienen de una imposición europea ante un escenario que "ya no se produce", y que además ya ha contribuido a que se reduzca la deuda de forma significativa. "Valencia contaba con una deuda muy elevada que se ha logrado reducir al 40% de sus ingresos en un escenario de tipos de interés negativos. Lo que no puede ser es que se utilice a los ayuntamientos para amortiguar el endeudamiento del resto de las administraciones públicas", subrayaron.
Compromís señala a Bildu
Preguntadas al respecto este viernes, fuentes del Ministerio de Hacienda seguían sin ahondar en los detalles sobre qué gastos estarán permitidos. "Todavía hay que concretar cómo se realiza esa modificación, pero el objetivo es flexibilizarla para que los ayuntamientos puedan hacer un mayor uso del superávit", manifestaron. Compromís, a quien la Ministra señaló como formación que había reclamado esta cuestión, se desmarcó de la negociación e indicó que respondía a un acuerdo con Bildu, quien sí vendió la medida como una petición suya para "beneficiar a los ayuntamientos saneados con superávit, que son la mayoría del País Vasco".
