La presión legal sobre el Gobierno catalán continúa haciendo mella en sus relaciones internas. Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, mantiene que el referéndum se realizará, pero sigue sin tomar decisiones como president que puedan suponer una actuación de la Fiscalía.
Aunque Puigdemont fue quien anunció que hoy daría todos los detalles técnicos del referéndum, ni el Gobierno catalán ni el Parlamento han realizado formalmente ninguna convocatoria para los dos actos que se celebran (uno a las 12:30 horas y otro a las 19:30). Concretamente, son la CUP y JxSí los encargados de explicar esta mañana las medidas legislativas que se tomarán para el referéndum. Por la tarde, y asumiendo en solitario la convocatoria, es JxSí el que ha convocado un acto.
Estas trampas buscan eludir que la Fiscalía pueda actuar de oficio y querellarse contra miembros del Gobierno catalán por dar continuidad y amparo a un referéndum que el Tribunal Constitucional ya ha advertido que es ilegal, por lo que están obligados a impedir su organización. La querella del Ministerio Público por la licitación de urnas, que motivó que la Fiscalía interpusiera un demanda contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, se ha saldado con la anulación del proceso.
Además, la Fiscalía ha interpuesto una demanda por malversación de fondos ante el Tribunal de Cuentas por la consulta del 9-N, que incrementa la presión sobre el Ejecutivo catalán, porque aumentaría la responsabilidad económica de los miembros del Govern.
Esta situación incluso ha provocado que las voces discordantes dentro del Gobierno catalán sobre el referéndum comiencen a hacerse públicas. Por ejemplo, Jordi Baiget, que hasta ayer lideraba el departamento de Empresa de la Generalitat de Cataluña, en una entrevista, señaló que cabía la posibilidad de que la consulta se convirtiera en un 9N. Los partidos independentistas no han logrado el apoyo de ningún otro partido a su referéndum unilateral.
Además, Jordi Baiget se mostró preocupado por las consecuencias patrimoniales que podría generar la consulta y apuntó que él no se encontraba en el grupo de miembros del Gobierno que estaban tomando las decisiones. Unas declaraciones que le han costado el cargo.
Estas dudas, que Miquel Iceta, número uno del PSC, señaló que otros conselleres también expresan en privado, sin embargo, obtuvieron una respuesta muy dura por parte de la CUP, que demandó la dimisión del conseller, lo que fue escuchado por Puigdemont, que nombró a un nuevo titular provisional para la conselleria de Empresa y Conocimiento.
