
Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de CEIM, habría realizado una donación irregular al PP de Madrid en 2007 por importe de 100.000 euros sin consultarlo en ningún momento a la junta directiva de la patronal madrileña. El pasado 10 de abril, el juez Eloy Velasco, titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia, solicitó a CEIM que aportara todos los documentos relativos a su investigación interna sobre presuntos pagos, donaciones o entregas de dinero no autorizadas al Partido Popular o sus fundaciones, así como a la Comunidad de Madrid.
La respuesta, a la que ha tenido acceso elEconomista, llegó al juzgado con fecha de 28 de abril. En una carta remitida por el actual secretario general de CEIM, Miguel Garrido de la Cierva, se certifica ante el juez que "en ninguna de las actas de las reuniones de la junta directiva correspondientes al año 2007 se hace mención directa o indirecta a pago alguno a Fundescam".
Potestad del presidente
La patronal recuerda que en los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interior de CEIM que han estado en vigor hasta 2015, "corresponde al presidente ordenar los gastos y autorizar los pagos". Y en ese momento su presidente era precisamente Díaz Ferrán.
"En consecuencia, se concluye que fue el presidente quien ordenó realizar el pago a Fundescam, haciendo uso de las facultades que tenía conferidas, sin reportar del mismo a la junta directiva", asegura la Confederación Empresarial Madrileña. La CEIM hace referencia a ese año, en concreto, porque la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, había detectado esa donanción de 100.000 euros. No obstante, en su último informe se habla también de otra por importe de 160.000 euros que Arturo Fernández habría hecho o bien a través de CEIM, cuando era vicepresidente, o bien a través de la Fundación Arturo Fernández Cantoblanco. Desde la organización empresarial se mantiene que la primera aportación de 100.000 euros "está documentada y contabilizada en la cuentas de CEIM del año 2007 por orden del entonces presidente", explicando que se han puesto los hechos en conocimiento de sus abogados por si se decidiera iniciar cualquier tipo de actuación judicial por parte de la actual dirección", con el objetivo el defender el buen nombre de nuestra organización, llegando para ello hasta donde sea necesario".
Un portavoz de CEIM insistió este jueves, por otro lado, en que aunque se sigue analizando el resto de la documentación, por ahora no se ha encontrado ningún otro pago en años posteriores a 2007, ya con Arturo Fernández como presidente de la organización en sustitución de Díaz Ferrán.
Hay que tener en cuenta que la UCO acusa precisamente a la actual presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, de otorgar un contrato a Fernández a cambio de donaciones, que éste podría haber realizado a través de la propia patronal.
Granados pide que se reduzca su fianza
El abogado de Francisco Granados, Carlos García de Ceca, pedirá una reducción de la fianza de 400.000 euros que el juez Eloy Velasco ha impuesto al exconsejero madrileño para que pueda salir de prisión, aunque espera poder reunir esa cantidad de dinero para "recuperar su libertad". Para García de Ceca, la posibilidad de que Granados abandone la prisión es "merecida" e insiste en que seguía en prisión "porque es mejor quitarse de en medio el problema".