País Vasco

Pedro Azpiazu: "La economía vasca seguirá en 2020 con un crecimiento sólido por encima del 2%"

En la imagen, el consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu. Foto: Txetxu Berruezo.
Vitoria

Al frente de la cartera encargada de elaborar los Presupuestos, realizar el control económico interno y la política financiera del Gobierno vasco, se encuentra Pedro Azpiazu, un político cercano, claro y pragmático. Ocupa la Consejería de Hacienda y Economía desde noviembre de 2016, dos ejercicios 2017 y 2018 que se han cerrado, el primero con unas cuentas "equilibradas" y el segundo, con un superávit "razonable". "Tampoco pretendemos ser los campeones del superávit, solo queremos tener una situación financiera buena y saneada", afirma el consejero.

Y parece que Euskadi seguirá por ese camino, ya que su economía registrará un crecimiento sólido por encima del 2% en 2019 y en 2020. "A esta continuidad ayudará el comportamiento positivo de la inversión en los últimos años y a que, a pesar de cierta ralentización e incertidumbres, todavía está en tasas considerables", explica Azpiazu.

Cerrado el ejercicio 2018 con buenas cifras de crecimiento y empleo, ¿qué escenario se prevé para los próximos años?

Mantenemos previsiones, porque a pesar de la ralentización nuestros indicadores son sólidos y muestran que la economía vasca todavía va a crecer a ritmos considerables, por encima del 2%, un 2,3% en 2019 y un 2% en 2020. Efectivamente, hay nubes sobre el panorama económico que generan incertidumbres, el tema chino, el Brexit o la ralentización de la economía europea, que indudablemente tendrán repercusión en Euskadi, pero de momento no entendemos que pueda ser de forma considerable. El empleo seguirá aumentando el año que viene en torno al 1,4% y entre el 0,9% y el 1% el siguiente. Ralentización sí, menor crecimiento que en el pasado sí, pero aún un crecimiento que va a generar empleo y nos va permitir ser optimistas.

¿Y cuáles serán los motores de la economía?

El motor que está más en cuestión es el exterior. El balance importación-exportación era equilibrado hasta la fecha. Ahora puede ocurrir que si Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, que tienen importantes relaciones comerciales con Euskadi, ralentizan su crecimiento, las exportaciones crezcan menos y su aportación pase a ser negativa. Por parte de la demanda interna, el consumo está creciendo a un nivel razonable y se va recuperando. La inversión ha tenido un comportamiento bastante positivo a lo largo de los últimos años y, a pesar de que haya cierta ralentización, todavía son tasas considerables, lo que va a permitir esos crecimientos previstos. Por sectores, la construcción está recuperando dinamismo y la industria y servicios tienen un desarrollo superior al 2%. Así, la demanda interna compensará el deterioro de la exterior. Y, en este momento, sería positivo también el aumento de los salarios, porque impulsará al consumo privado.

¿Cómo puede afectar el Brexit a Euskadi?

Creo que hacer un drama del tema en este momento no procede, ya que es posible que no haya Brexit y se acabe dando marcha atrás. De haberlo, no pienso que sea un acuerdo no pactado y dramático, eso no lo quiere la Unión Europea, no lo quiere el Reino Unido, no lo quiere nadie. Al margen de la solución final, si hay aranceles, trabas al comercio exterior, etc. formará parte de una nueva realidad, que será superada por el funcionamiento normal. Hay muchas empresas vascas allí y la exportación se cifra en unos 1.500 millones, un 2 por ciento del PIB, y eso tendrá que facilitar las relaciones. Pensar que se va a cerrar todo el comercio de todas las empresas, que se va a caer toda la inversión yo creo que es dramatizar.

En prórroga presupuestaria, ¿qué principales medidas adoptará el Ejecutivo para que los derechos fundamentales de los ciudadanos no se vean afectados?

Estamos en prórroga presupuestaria y esto tiene unas limitaciones que, en gran parte, son corregibles. En primer lugar, vamos a llevar un Proyecto de Ley al Consejo de Gobierno para corregir aquellas cuestiones que requieren de ley: subida del sueldo de los funcionarios, actualización de los conciertos educativos, contrato de actualización del programa de la Universidad pública vasca, subida para la Renta de Garantía Ingresos (RGI), entre otras. El resto de apartados requerirá de un análisis para ver las necesidades de los departamentos y que puedan ser ejecutados a través de la Ley General del Régimen Presupuestario. De manera que el margen de maniobra presupuestaria, fijado para el conjunto del año en torno a los 370 millones, lo utilizaremos aunque estemos en situación de prórroga presupuestaria. Todo no se va a poder hacer, pero aquellas prestaciones públicas, sociales, sanidad, educación, derechos de RGI, etc. que sean derechos fundamentales de las personas no se verán afectados.

Y el superávit logrado el pasado ejercicio, ¿se destinará a inversiones sostenibles?

Dada la evolución de la recaudación y la estimación de los gastos, preveemos que vamos a cerrar 2018 con un superávit razonable, en torno a los 100 millones. Y era una condición para poder utilizar los buenos resultados de 2017 como inversiones sostenibles. Queremos que este superávit nos permita a finales del ejercicio aplicar parte a inversiones sostenibles, lo que daría un impulso adicional al propio presupuesto y a sus inversiones. Tampoco pretendemos ser los campeones del superávit, queremos tener unas cuentas saneadas y una buena situación financiera.

¿Qué recursos se dirigirán a gasto público?

Impulsaremos la inversión pública, la gran perjudicada de la crisis económica. Habíamos planteado destinar el 7,4 por ciento del presupuesto, unos 1.000 millones. Es importante recuperarla, porque nos permitirá seguir con un modelo de crecimiento que genera empleo de calidad y que también aumenta la productividad.

¿Más inversión, innovación e internacionalización para ser competitivos?

Creemos que es el único camino. Queremos un país desarrollado, con un crecimiento importante, con un empleo cualificado, que se pueda vivir bien y con recursos para los más desfavorecidos. Impulsamos sectores con futuro que compiten en el mundo y nos garantizan un crecimiento y competitividad. Las claves de futuro son empleo cualificado, internacionalización, inversión e innovación.

¿Se lanzarán nuevas emisiones de bonos sostenibles, tras el éxito del pasado año?

Nuestro bono es un 80% social y un 20% verde y tras el éxito del pasado año, que lanzamos 500 millones de euros con gran aceptación, tenemos un compromiso de continuidad. Porque estos bonos tienen sentido si los mantenemos en el tiempo y vamos a ser sostenibles, aparte de modernos, porque creemos que hay que financiar proyectos que sean sostenibles, sociales y verdes, y, además, en el futuro puede hacer que tengamos un coste más bajo de la deuda. Pero tiene que haber una realidad que justifique el bono sostenible. Este año lanzaremos 500 millones o 600 millones en bonos y el próximo 2020, también. Con el tiempo, un bono sostenible será más barato que otros bonos que no lo sean y la demanda irá creciendo; y solo los que estemos en condiciones de ofrecerlo, podremos hacerlo.

Un tema que también mantendrá ocupada a la consejería que dirige es el reto de generalizar las EPSV a todos los trabajadores. ¿Cómo van las negociaciones al respecto?

Lo primero es aclarar que este instrumento no es un sustitutivo de las pensiones públicas; la pensión pública será la que sea en función de las cotizaciones a lo largo de la vida laboral. Pero generalizar las EPSV será bueno para todos y, además, queremos incluir a los autónomos, los grandes desprotegidos. Visto el panorama actual, creemos que una serie de aportaciones de los empresarios y los trabajadores a unos planes de pensiones de empleo a lo largo de 30-40 años de vida laboral, permitirán tener un complemento importante. Queremos promover que haya un esfuerzo de ahorro y que en el futuro se cobre mensualmente y no se pueda rescatar como capital. Estas aportaciones se incentivarán fiscalmente, la parte que ponga el trabajador tendrá un reconocimiento fiscal en el impuesto de la renta y la parte de los empresarios, un incentivo fiscal en el de sociedades. Lo más importante es que todos los implicados, empresa, trabajador, entidades de previsión y haciendas, están de acuerdo en que es un buen instrumento y que el objetivo final es bueno, ahora solo queda negociar como hacerlo.

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