El Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco ha declarado la guerra al fraude en las ayudas sociales, a pesar de constatar que este se encuentra en niveles muy bajos. Para ello, en el servicio público de empleo Lanbide se exigirá la identificación por medio de huella dactilar; se creará un 'grupo anti fraude' específico; se estrechará la colaboración con la Ertzaintza y con las Policías municipales; se promoverá una mayor coordinación y cruce de datos con la Seguridad Social y otras instituciones; y se revisarán todos los procesos de control interno.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, aseguró que su objetivo es 'erradicar' el fraude y los usos inadecuados de las ayudas.
En 2016 de los 135.410 expedientes revisados se detectó ?fraude? en 392 casos, lo que supone un 0,3%, a los que hay que sumar los usos inadecuados (no fraude) de las ayudas, que también se encuentra en niveles bajos, con un total de 824 expedientes localizados, lo que supone una tasa de sólo un 0,6%.
Artolazabal defendió la efectividad de los mecanismos de ayudas sociales vascos, donde destacan la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), para reducir la pobreza en Euskadi, cuya tasa se sitúa en el 5,7% ,y denunció que 'quien engaña en la renta de Garantía engaña a esta sociedad solidaria como es la vasca'.
Además de erradicar el fraude y usos inadecuados, Artolazabal recalcó que las medidas que se van a implantar también buscan agilizar al máximo las gestiones y el proceso de acceso a las ayudas de las personas y familias que realmente las necesitan. Así insistió en varias ocasiones que con los nuevos procesos que se van a implantar se busca 'facilitar que las personas destinatarias de las prestaciones tengan las respuestas rápidas a la hora de realizar los trámites pertinentes'.
Así aseguró que se van a simplificar los trámites y habrá un mayor control de las ayudas gracias a una mayor coordinación y cruce de datos entre las diferentes administraciones públicas.
En el seno de Lanbide se creará un 'grupo anti fraude', integrado por personal de Control Interno, Informática y Comunicaciones, Asesoría Jurídica y las correspondientes a las Oficinas Locales. Este grupo podrá generar instrucciones para todas las oficinas de Lanbide.
Mayor control policial
También se pretende ampliar el ámbito de actuación de la Ertzaintza en materia de control e inspección de fraude en ayudas sociales. Además desde Lanbide se establecerán nuevos mecanismos de coordinación con las policías locales, que permitan a los agentes comprobar efectivamente la residencia oficial de los preceptores de las ayudas sociales y si forman o no la unidad convivencial declarada y que les da derecho a un incremento económico sobre las ayudas individuales.
Para lograrlo Lanbide y el Departamento de Empleo y Políticas Sociales buscarán acuerdos con las policías locales de los ayuntamientos de mayor tamaño de Euskadi y con la asociación de municipios Eudel y se constituirá un grupo de trabajo interinstitucional que contará con la presencia de la Dirección de Coordinación de Seguridad del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Asimismo, desde el Gobierno Vasco se pedirá de nuevo a la Tesorería de la Seguridad Social una mayor coordinación con Lanbide para posibilitar el cruce de información que permita acreditar las altas en actividad laboral que registren las personas perceptoras. Esta medida, según la consejera, posibilitará reducir los cobros indebidos que se producen por la demora que se produce actualmente para procesar esos cambios.
Para garantizar la identidad de las personas que acceden a las ayudas sociales, se exigirá su identificación por medio de la huella dactilar. Este requisito también habrán de cumplirlo todos los trabajadores de Lanbide.
Carga de trabajo e itinerarios formativos
De forma periódica Lanbide revisará todos sus procedimientos de trabajo y gestión interna de la RGI y la PCV, analizando entre otros factores la carga de trabajo en las oficinas locales, la atención que se le da a los expedientes en cada fase (atención, resolución) del expediente, etc. El objetivo es optimizar los recursos existentes. Asis mismo, de cara a preservar la seguridad de los trabajadores de Lanbide se creará un protocolo de actuación ante agresiones que puedan sufrir miembros del personal.
Por lo que se refiere a la labor de orientación laboral, Lanbide definirá nuevos procesos para determinar el empleo más adecuado para cada persona y cual es la formación más adecuada que necesitará adquirir para acceder a un empleo.
Unos 500 millones al año en ayudas sociales
En estos momentos en Euskadi cobran las ayudas sociales unas 64.000 personas, que en conjunto perciben casi 500 millones de euros.
La principal ayuda social del País Vasco es la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que es un 'derecho subjetivo de naturaleza económica', lo que significa que es universal para los residentes oficialmente en el País Vasco, con al menos tres años de antigüedad, que carezcan de recursos económicos y que la Administración pública está obligada a pagarla mensualmente y si se agotan las partidas presupuestarias disponibles, han de habilitarse partidas nuevas.
La RGI marca un ingreso mínimo, para una persona que viva sola, de 625,58 euros al mes, cifra que puede incrementarse hasta los 888,62 euros para las familias de tres o más miembros. En el caso de las familias monoparentales (un progenitor sólo, con hijos) se añaden 45,50 euros.
La RGI es compatible con otras ayudas sociales, ya que es la renta básica para vivir. Otra gran herramienta es la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), que puede llegar a un máximo de 250 euros al mes, para ayudarle al pago del alquiler.
Para el ejercicio 2016 la cuantía presupuestada para sufragar la RGI y PCV era de 461 millones, pero el gasto final será superior, acercándose a los 494 millones.
Y después están las Ayudas de Emergencia Social (AES) que no son un ingreso recurrente, sino para gastos extraordinarios que no pueden afrontar las familias sin recursos (como coste de la calefacción, compra de gafas, etc). En este caso las AES tienen un presupuesto limitado, que no se suele ampliar y que en 2016 tenía programado 23 millones de euros.