Bilbao
Euskadi tendrá que esperar, como mínimo, hasta junio del próximo 2022, para recibir la transferencia del régimen ecónomico de la Seguridad Social, la última cesión que aparece en el calendario acordado con el Gobierno central y con la que se completarán los 29 traspasos pendientes recogidos en el Estatuto de Gernika.
Así, la demanda histórica del PNV que supondrá un gran avance en la autonomía financiera vasca se hará esperar aún más, debido a los retrasos acumulados con el resto de los bloques de traspasos por causa de la pandemia. No obstante, es un hito en sí misma ya que por primera vez el Ejecutivo español acepta su estudio y negociación y se incluye en un cronograma.
En concreto, esta materia se recoge en el tercer y último bloque pactado y el inicio de los estudios sobre la gestión económica de la Seguridad Social se fija para noviembre de este año y se prevé concluyan en mayo de 2022. En el organigrama cerrado antes de la pandemia se fijó su finalización para diciembre de este 2021.
El gran paso del IMV
Un gran paso en este sentido fue el acuerdo cerrado entre Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar en mayo del pasado año sobre el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Aunque también va con retraso -la fecha límite fijada para materializar la cesión era el 31 de octubre de 2020-, este pacto supuso reforzar la bilateralidad del Estado con Euskadi y su autogobierno.
El portavoz de la formación nacionalista en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, afirmó que la cesión del IMV "es un primer paso de cara al traspaso del régimen económico de la Seguridad Social y un avance para seguir profundizando en la negociación de esta transferencia".
El principal obstáculo para realizar el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social a Euskadi es la polémica suscitada sobre la ruptura de la 'caja única'. El Estatuto del Gernika declara al País Vasco competente de la gestión del régimen económico y una sentencia del Tribunal Constitucional reconoce su derecho a gestionar los fondos de la Seguridad Social, con casi 10.000 millones en pago de pensiones.
Mientras la Constitución de 1978 proclama la unidad de la 'caja única' de la Seguridad Social. Establece que la Tesorería de este institución es la "caja única del sistema" y "llevará a efecto la gestión liquidatoria y recaudatoria de los recursos de ésta, así como de los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de la Seguridad Social".
Así, la Tesorería de la Seguridad Social es la encargada de recaudar todas las cotizaciones del país y luego las reparte por igual, según el tipo de prestación, sin importar la región de residencia del beneficiario. Expertos afirmaron que la transferencia de la gestión económica a Euskadi supondrá el inicio para que otras comunidades autónomas soliciten lo mismo, lo que llevará al principio de la ruptura del mecanismo de solidaridad entre generaciones y regiones.
Además, recordaron, "la Comunidad Autónoma Vasca tiene un déficit de unos 2.200 millones en el sistema, por lo que se nutre de la solidaridad regional".
Medios del sistema
Otros especialistas en la materia apuntan a que el traspaso de esta materia "no se trata de tener una Seguridad Social propia, autónoma e independiente". Solo consiste en lograr los medios económicos, materiales y personales del sistema, -como recoge el Estatuto vasco-, "pero sin cuestionarse la unidad del mismo".
Como señaló la vicelehendakari del Gobierno vasco, Idoia Mendia, "las pensiones vascas las seguiría pagando el Gobierno de España, saldrían de los Presupuestos Generales del Estado", pero sería el Ejecutivo vasco el que gestionaría estos fondos, "si bien no podría subir las pensiones por su cuenta", apuntó.
Junto a ello, el Gobierno autonómico tendría control sobre asuntos como las sanciones, inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas de los trabajadores, junto a la gestión y control de las cotizaciones, la recaudación de cuotas y los procesos de ingreso.
Lo cierto es que este principio de transferencia del regimen económico pondría las bases hacia una Seguridad Social Vasca, al estilo del Servicio de Salud 'Osakidetza', una reivindicación gestada en el primer Gobierno vasco de 1980.
De hecho, avanzar en autogobierno es uno de los objetivos recogidos en el programa de Gobierno de Iñigo Urkullu para su tercera legislatura, enmarcado en un pacto con España y en una relación bilateral.
Avances sobre Prisiones
Los Gobiernos central y vasco dieron un impulso al traspaso de la competencia de Prisiones en las últimas jornadas de 2020. Las conversaciones se tradujeron en un borrador en el que se detallan los aspectos principales de la transferencia y en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez explicita su compromiso por materializar el traspaso, según explicó la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.
La competencia sobre las funciones y servicios de los centros penitenciarios está recogida en el calendario de transferencias acordado el pasado octubre, que establece su materialización para marzo de 2021, junto con otras once materias. También se produjeron avances en otras cuestiones como la referida al código bibliográfico ISSN y al transporte por carretera.
En adelante la negociación se centrará en concretar las funciones y servicios que asumirá el Gobierno vasco, así como las condiciones, derechos y obligaciones de las instalaciones y los medios personales.
Las conversaciones también abordarán el traspaso de los inmuebles, el mobiliario los equipos y el material a traspasar, así como el personal que trabaja en los centros penitenciarios y su regulación laboral.
Las partes estudiarán cómo hacer posible el traspaso de la organización y la gestión de los centros penitenciarios, la gestión y seguimiento del cumplimiento de penas y programas de tratamiento y clasificación de los internos. También analizarán las vías para hacerse cargo de la parte sociolaboral, acción social, educación y prevención y rehabilitación de drogodependencias entre los reclusos. Por su parte, el Estado seguirá reservándose el ejercicio de la legislación penitenciaria y se posibilitarán medidas de coordinación.
Prisiones es la transferencia de mayor calado de las doce incluidas en el primer bloque del calendario de traspasos.
