Madrid 
El Gobierno, una vez más, inaugura el curso político con un guiño a sus socios independentistas: la aprobación en Consejo de Ministros de la quita de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica. Pero ese paso no contenta ni a Junts ni a Esquerra, que quieren que la condonación complemente su objetivo real: la reforma del sistema de financiación de régimen común, para forzar la introducción en él del concierto catalán.
El presidente Sánchez ya no puede cerrar los ojos al hecho de que maneja una bomba de relojería, capaz de estallarles electoralmente a los socialistas en todas las autonomías ajenas a Cataluña. El daño político sería incalculable si, además, el candidato del PSOE en uno de esos territorios, es la persona que se encargará en los próximos meses de defender la singularidad catalana en el Congreso. Ésa es la situación de la vicepresidenta María Jesús Montero en Andalucía.
No puede extrañar, por tanto, que exista la posibilidad de un próximo relevo de Montero en el Gobierno central, para evitar que llegue calcinada a un adelanto electoral en esa autonomía, ahora que el PP lo tiene todo a favor para convocarlo. Si se confirma el movimiento, implicaría una honda crisis de Gobierno, que quizá Sánchez esté dispuesto a asumir pero, en todo caso, los únicos beneficiados serán sus intereses electoralistas.
La reforma que su Gabinete plantea tendrá un alto coste para el conjunto de los españoles, aunque su aprobación definitiva sea, hoy por hoy, una quimera,. A corto plazo, ya plantea problemas como la necesidad de sufragar el reforzamiento de la Agencia Tributaria catalana o, aún más grave, el modo en que paraliza la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace 10 años.