Madrid
Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE), hemos presentado una batería de propuestas al proyecto de Real Decreto de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Estamos ante un momento clave para garantizar nuestra seguridad energética y competitividad industrial, para reforzar el sistema eléctrico usando las capacidades de las renovables como estrategia de país, y cumplir con nuestras obligaciones respecto a los objetivos europeos de reducción de emisiones. Una de las herramientas más inmediatas y eficaces es la repotenciación. Renovar los parques eólicos antiguos —todos ubicados en zonas ya antropizadas de gran recurso eólico— con tecnología más moderna y eficiente permite multiplicar la producción eólica usando menos aerogeneradores y ocupando menos territorio. Una verdadera oportunidad país. Pero para que esta decisión sea viable para los promotores, hacen falta tres cosas: agilidad administrativa, seguridad jurídica e incentivos adecuados.
La Directiva europea de renovables ya exige a los Estados simplificar los trámites de repotenciación, reducir los plazos y priorizar este tipo de proyectos. España llega tarde a su trasposición y vamos perdiendo oportunidades, tanto para nuestra industria como para lograr una menor dependencia de combustibles importados. En AEE pedimos que se cumpla lo que indica la Directiva - procedimientos acelerados, incluyendo evaluaciones ambientales simplificadas y con enfoque diferencial – además de flexibilidad y adaptación a las circunstancias y el entorno, por ejemplo, permitiendo el uso de equipos reacondicionados cuando sea técnicamente necesario, como en territorios insulares limitados por servidumbres aeronáuticas. La seguridad jurídica es clave en todo proceso de inversión en una economía moderna. Por ello, el principio de que la decisión de repotenciación debe ser potestad única del promotor debe prevalecer sobre cualquier otro planteamiento. Garantizar la libertad de los propietarios para decidir cuándo desmantelar el parque antiguo y sustituirlo por el nuevo es una condición clave para dinamizar este tipo de proyectos y no generar el efecto contrario.
Adicionalmente, la seguridad jurídica se materializa en un entorno regulatorio que debe aportar confianza al inversor y cuya interpretación debe ser clara y única en todo el territorio nacional. Comenzar un proyecto de repotenciación y que en mitad de camino termine paralizado varios años por disputas jurídicas no hace sino dilatar la toma de decisión. Si un promotor dispone de las pertinentes autorizaciones ambientales y de construcción, no debe ver paralizado su proyecto por interpretaciones judiciales que se han demostrado erróneas, como es el caso de Galicia y lo ocurrido desde hace más de 3 años, incluso para proyectos de repotenciación que se han visto paralizados. Que se haya tenido que recurrir al Tribunal Superior de Justicia Europeo para que en 2025 ratifique la correcta aplicación de la ley ambiental en nuestro país que lleva operando desde hace 12 años sin ningún problema es kafkiano. Solo beneficia a los que apuestan por el "NO desarrollo".
Pero además de todo lo anterior, la repotenciación también necesita viabilidad económica. Por eso proponemos medidas concretas: programas de apoyo o subastas específicas para proyectos de repowering, posibilidad de incrementar para las instalaciones repotenciadas su capacidad de acceso a red en un 20% respecto a la original mediante una actualización sencilla de los permisos de acceso, reservar un porcentaje mínimo en los nodos de la red reservados para concursos de acceso para la generación a este tipo de actuaciones. Si queremos parques más potentes y eficientes, debemos conseguir que invertir en ellos sea atractivo y los riesgos en el proceso estén aquilatados. Además, mejorar la estabilidad y flexibilidad del sistema pasa por habilitar nuevas figuras como el acceso flexible a la generación, priorizar y reforzar las capacidades de la red – tanto en Transporte como en Distribución - en los aquellos nudos idóneos para repotenciar, o dar visibilidad a los concursos de acceso a red con un calendario claro y transparente. También hemos solicitado un mecanismo extraordinario para que promotores puedan desistir voluntariamente de proyectos y liberar capacidad para iniciativas prioritarias como repotenciación o hibridación con almacenamiento. Y que se resuelvan de forma práctica algunos aspectos como el proceso de obtención de la Notificación Operacional Final (FON) o la acreditación del quinto hito del RDL 23/2020 para que ésta dependa exclusivamente de la capacidad de maniobra del promotor y no de terceros actores.
En definitiva, este Real Decreto debe ser una palanca para la eólica: para dinamizar la renovación y aprovechar al máximo lo existente, para permitir a la industria seguir siendo un vector clave en la transición energética, además de un factor económico y energético vertebrador para el territorio. España necesita un marco regulatorio que nos permita afrontar los retos energéticos del siglo XXI que proporcione claridad, seguridad y flexibilidad a los inversores y que ayude a acelerar decisiones clave como la repotenciación de los parques eólicos, claves para la sostenibilidad, la eficiencia y la seguridad del sistema eléctrico.