Madrid
Más de la mitad de las carreteras españolas presentan deterioros graves o muy graves. Según la Asociación Española de la Carretera (AEC), alrededor de 54.000 kilómetros, es decir, más del 50% de la red nacional, requiere intervención urgente o en menos de cuatro años. El coste estimado de su reparación asciende a 13.491 millones de euros. Esta cifra histórica compromete la seguridad vial y evidencia la necesidad de tomar decisiones hoy para preservar el gran activo que representa nuestra red de carreteras, la mayor red de vías de alta capacidad de Europa. Es clave para el futuro del país garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento de una red de carreteras segura y a la vanguardia tecnológica. La progresiva reversión de las concesiones de autopistas, así como la transición al vehículo eléctrico, obligan a replantearse el esquema de financiación de la red de carreteras.
Existen múltiples mecanismos para financiar una mejor red vial: presupuestos públicos, impuestos específicos y, de forma cada vez más extendida en Europa, el principio de corresponsabilidad del usuario. En un contexto de creciente presión fiscal y mayores exigencias ambientales, el modelo de pago por uso es la solución ideal. Esto ya es una realidad en Europa donde el 74% de las vías de alta capacidad europeas aplica algún tipo de peaje. En contraste, en España solo el 13% de la red vial utiliza esta modalidad. Un esquema de pago por distancia recorrida garantiza que cada usuario contribuya directa y equitativamente a su mantenimiento, al compensar por sus externalidades, como el desgaste del pavimento o la contaminación. La Unión Europea reconoce este principio de corresponsabilidad. En 2022, actualizó su marco regulatorio para impulsar el pago por uso y asegurar que las vías se mantengan en condiciones óptimas.
Actualmente, los contribuyentes españoles asumen el coste del desgaste generado por vehículos de otras nacionalidades, a pesar de que el 40% del tránsito pesado que circula por el país proviene del extranjero. Además, el transporte de mercancías —principal responsable del deterioro de las carreteras— debería contribuir de forma proporcional al impacto que genera e internalizar el coste de la infraestructura en la cadena productiva, como así hace el transporte por ferrocarril o el aéreo. Incorporar criterios de equidad en el modelo de financiación de carreteras es prioritario y esencial. A través de una tarificación inteligente se podría adaptar el coste por kilómetro según el tipo de usuario o trayecto. Así se evita penalizar a quienes realizan desplazamientos obligados por trabajo/estudio o de corta distancia o, por el contrario, se podría bonificar a los vehículos menos contaminantes. De este modo, el pago por uso se convierte en una herramienta funcional de equidad y justicia fiscal.
Eliminar los esquemas de peaje trasladaría la totalidad de los costes de mantenimiento al erario público. Esto implicaría una carga menos transparente y más regresiva financiada, incluso, por quienes no utilizan las vías. Un sistema de pago por uso, respaldado por alianzas con el sector privado, permitiría mantener una infraestructura vial sostenible y de calidad, sin comprometer las finanzas públicas. La urgencia es clara. Solo en los últimos tres años, el número de kilómetros con deterioros muy graves se ha casi triplicado, pasando de 13.000 a 34.000. En promedio, circular por una carretera en mal estado incrementa el consumo de combustible hasta en 12%. Con base en los desplazamientos previstos para este verano, se calcula que esto generará un sobrecoste aproximado de 270 millones de euros para los conductores.
Estamos ante la oportunidad de modernizar la red vial de España mediante el pago por uso, mecanismos que han demostrado su eficacia en varios países europeos. Cuando el sector privado y el gobierno unen esfuerzos, pueden desarrollar de forma eficiente, más y mejor infraestructura, además de cuidar a la red vial existente. Distribuir adecuadamente los riesgos entre el sector privado y la administración, consigue una mayor eficiencia en la ejecución de los proyectos y amplía la capacidad del Estado para expandir la oferta y la calidad de las infraestructuras. Carreteras de calidad, seguras, conectadas y sostenibles.