Madrid
La reforma del subsidio por desempleo aprobada en mayo de 2024 provocó una importante batalla entre los ministerios de Trabajo y Economía. El empeño de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, permitió que en la normativa se incluyera con acierto un incentivo a la búsqueda de empleo. Se trata en concreto de un complemento que perciben de forma automática todos los beneficiarios del subsidio, cuando encuentran un trabajo a tiempo parcial o completo. Un año después de su aprobación, 46.206 personas cobran dicha ayuda. Una cifra que supone poco más del 5% de los 838.054 ciudadanos que ahora reciben la prestación asistencial a la que se accede tras agotar el paro, o al quedar en desempleo sin haber cotizado un mínimo de 360 días. Salta a la vista que se trata de un porcentaje muy reducido. Pero esto no quiere decir que el complemento sea una mala idea, ya que constituye un buen incentivo para buscar y encontrar empleo.
El problema es que la escasa utilización de la ayuda refleja que las personas que ya llevan más de dos años en el paro lo tienen mucho más complicado que el resto para sellar su retorno al mercado laboral. Queda así patente que el paro de larga duración sigue siendo una tarea pendiente de nuestro mercado de trabajo. Urge por ello que el Gobierno en general, y la vicepresidenta Yolanda Díaz en particular, abandonen su discurso triunfalista respecto a la mejora de la afiliación en los últimos años e impulsen adecuadas políticas activas de empleo. Solo así se logrará una mayor utilización de este incentivo, lo que reflejará que aquellos que llevan parados mucho tiempo vuelven a convertirse en fuerza activa para el mercado de trabajo.