La paradoja cerealista española: cuando Bruselas ignora nuestra singularidad estratégica

España vive una paradoja que pasa inadvertida en los despachos de Bruselas: mientras la Unión Europea diseña políticas agrarias pensando en países tradicionalmente excedentarios en cereales, nuestro país arrastra una dependencia estructural de importaciones que se agrava año tras año. Esta singularidad española, lejos de ser reconocida y abordada de maneraespecífica, se ve amenazada por una nueva PAC que podría acelerar nuestra deriva hacia la inseguridad alimentaria.

Los datos son contundentes y preocupantes: España importa anualmente cerca de 10 millones de toneladas de maíz para alimentar a su potente sector ganadero. Esta cifra, que debería encender todas las alarmas en términos de soberanía alimentaria, se ha normalizado hasta el punto de que apenas genera debate público.

La dependencia no se limita al maíz. El trigo blando, la cebada y otros cereales (22 millones de toneladas en total de cereales importados) llegan masivamente desde países como Francia, Ucrania o Argentina para cubrir un déficit que nuestra producción nacional no puede satisfacer. Mientras países como Francia o Alemania exportan excedentes cerealistas, España se ha convertido en un importador neto que depende de la estabilidad geopolítica mundial para garantizar el abastecimiento básico.

Esta situación no es casual ni reciente. Responde a un proceso de transformación silenciosa del campo español que ha pasado desapercibido para las instituciones europeas. La superficie sembrada de cereales en España se reduce progresivamente.

Bruselas no ve

España no es Francia, ni Alemania, ni Polonia. Esta obviedad geográfica y climática parece haberse perdido en el diseño de la PAC, que aplica criterios uniformes a realidades agrícolas completamente diferentes. Nuestro país sufre una mediterraneidad extrema que condiciona todo el sistema productivo cerealista. Un agricultor español compite en un mercado mundial con las mismas cotizaciones que productores que duplican sus rendimientos con menores costes de producción.

Las sequías recurrentes, las temperaturas extremas y la irregularidad pluviométrica convierten el cultivo de cereales en una actividad de alto riesgo. Mientras que en el norte de Europa la lluvia es predecible y abundante, en España cada campaña cerealista es una apuesta contra el clima. Esta realidad hace que muchos agricultores abandonen los cereales por cultivos más resistentes y rentables.

La recuperación de los datos de producción de la presente campaña de cereal no debe engañarnos. Esta cifra excepcional se debe a unas condiciones climatológicas favorables tras años de sequía, pero no revierte la tendencia estructural de fondo: España pierde superficie cerealista cada año.

Una PAC que agrava

La PAC, vigente desde 2023 hasta 2027, no solo ignora esta singularidad española, sino que la agrava. Los requisitos ambientales, la obligación de mantener superficies de biodiversidad y la compleja burocracia de los eco regímenes penalizan especialmente a los productores de cereales, que operan tradicionalmente con márgenes más ajustados.

Para un cerealista andaluz o castellano, cumplir con la "condicionalidad reforzada" significa destinar parte de su superficie productiva a barbechos o cubiertas vegetales en un contexto donde cada hectárea cuenta para la viabilidad económica. Mientras tanto, un agricultor francés o alemán, con mayor superficie disponible y mejores condiciones climatológicas, puede permitirse estas exigencias sin comprometer su rentabilidad.

El resultado es previsible: más agricultores españoles abandonarán los cereales para orientarse hacia cultivos que les permitan cumplir más fácilmente con los requisitos europeos y obtener mejor rentabilidad.

Recortes sin distinción

Como si la situación no fuera suficientemente compleja, la Comisión Europea ha anunciado recortes superiores al 20% en la PAC para el periodo 2028-2034. Esta reducción presupuestaria se aplicará de manera uniforme, sin considerar que países como España, estructuralmente deficitarios en cereales, necesitan más apoyo para mantener su producción básica.

Los recortes llegarán en el peor momento posible. Justo cuando España necesitaría incentivos especiales para mantener y ampliar su superficie cerealista, Bruselas reduce los recursos disponibles. La contradicción es evidente: mientras se habla de soberanía alimentaria europea, se penaliza a los países que más necesitan apoyo para conseguirla.

Una singularidad invisible

El problema de fondo es que la singularidad española no se ha hecho visible en Bruselas. Nuestro país ha sido incapaz de transmitir a las instituciones europeas la gravedad de su situación cerealista y la necesidad de un tratamiento diferenciado. Mientras Francia defiende sus intereses agrícolas con contundencia, España acepta pasivamente unas reglas de juego que la perjudican.

Esta invisibilidad tiene consecuencias graves. Cuando estalló la guerra en Ucrania y se dispararon los precios de los cereales, España sufrió más que otros países europeos precisamente por su mayor dependencia de importaciones. El shock fue un aviso de lo que puede pasar cuando un país depende del exterior para alimentar a su población y a su ganadería.

Deriva irreversible

Si no se actúa, España se encamina hacia una deriva irreversible. La combinación de condiciones climáticas adversas, normativas europeas inadecuadas y falta de incentivos específicos está llevando al país hacia un abandono progresivo de la producción cerealista.

Esta deriva no es solo un problema económico, sino estratégico. Un país que no puede alimentar a su ganadería sin importaciones masivas es un país vulnerable. Las crisis geopolíticas futuras, los cambios climáticos en las zonas productoras o simples disrupciones logísticas pueden convertir esta dependencia en una amenaza para la seguridad alimentaria.

España necesita urgentemente que Bruselas reconozca su singularidad cerealista y adapte sus políticas en consecuencia. No se trata de pedir privilegios, sino de aplicar el principio de proporcionalidad: países con déficits estructurales necesitan apoyo específico para mantener su producción básica.

Las ayudas directas a los cereales deberían ser mayores en España que en países excedentarios. Los requisitos ambientales deberían adaptarse a las condiciones mediterráneas. Los eco regímenes deberían premiar prácticas sostenibles adaptadas a nuestro clima, no importar modelos diseñados para otras latitudes.

Mientras esta singularidad siga siendo invisible en Bruselas, España seguirá perdiendo soberanía alimentaria. Y cuando sea tarde para reaccionar, descubriremos que la seguridad nacional también se construye sembrando trigo, cebada y maíz en nuestros campos.