Madrid
La reducción por ley de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales ha ralentizado la firma de convenios. Hasta junio se han registrado un 9,8% menos que en el mismo periodo de 2024. Pese a ello, los 265 acuerdos que ya han salido adelante muestran una tendencia clara hacia la reducción del tiempo de trabajo. Así, recogen una media de 1.712 horas anuales, que es precisamente la cifra a la que se llegaría con el cambio normativo que impulsa Yolanda Díaz. Lejos de lo que pueda parecer, esto no significa que la realidad del mercado avale la medida de la ministra de Trabajo. Muy al contrario, apunta a que los negociadores de convenios, sobre todo en el seno de la empresa, avanzan en la dirección señalada por el Gobierno sin necesidad de tener sobre la mesa la obligación legislativa. Esa ha sido precisamente la postura que con acierto siempre defendieron los empresarios durante la negociación.
De hecho, CEOE y Cepyme expusieron que las empresas no son contrarias a recortar el tiempo de trabajo en aquellas sectores y compañías que se lo puedan permitir. En cambio, argumentaron que introducir este cambio por ley tendría un impacto económico negativo para la productividad de muchas empresas. Por dicho motivo, pidieron tiempo para que los convenios fueran adaptándose a la jornada de 37,5 horas, que es precisamente lo que está ocurriendo. Pese a estos argumentos, el Gobierno sigue adelante en su objetivo de imponer por ley la rebaja de la jornada sin tener en cuenta la idiosincrasia propia de sectores, como el turismo o la hostelería, donde dicho recorte atenta contra la propia naturaleza de sus negocios. Queda así patente el error de obligar a aceptar las 37,5 horas, una medida que, por fortuna, es difícil que salga adelante ante la posición contraria de los partidos en el Congreso.