Este 29 de julio marcará el verdadero inicio de un cambio sustancial en los procesos de facturación en España. El camino ha sido largo: comenzó con la aprobación de la Ley Antifraude en julio de 2021; continuó con el desarrollo técnico de sus principios a través del Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación en diciembre de 2023; y culminó con la Orden Ministerial de octubre de 2024, que activó la cuenta atrás definitiva. La Ley Antifraude (Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal), impulsada por el Ministerio de Hacienda para prevenir el fraude fiscal y reforzar la transparencia en las operaciones empresariales, sentó las bases de este nuevo marco legal, que cobró forma con la aprobación del Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación (RD 1007/2023), que estableció los requisitos técnicos que deben cumplir los programas de facturación para garantizar la integridad y trazabilidad de las facturas y evitar su manipulación Finalmente, se aprobó la Orden Ministerial HAC/1177/2024, un texto que supuso el verdadero pistoletazo de salida para la implantación de esta nueva normativa.
Esta orden activó la cuenta atrás definitiva al fijar un marco normativo claro y aplicable para los desarrolladores y comercializadores de software de facturación: a partir del 29 de julio de 2025, ningún software de facturación podrá desarrollarse ni comercializarse si no cumple con los estándares técnicos exigidos por la normativa. De la misma forma, ninguna empresa podrá, a partir de entonces, adquirir una herramienta que no esté adaptada a la legislación.
Esta exigencia se extiende a las empresas que ya disponen de un software de facturación, pero con plazos más amplios: las que tributan por el Impuesto sobre Sociedades deberán tener sus sistemas actualizados antes del 1 de enero de 2026, mientras que el resto de empresas y autónomos deberán hacerlo antes del 1 de julio del mismo año. Ante este cambio trascendental, es comprensible que muchas pymes y profesionales vean en esta transición una carga adicional en un contexto económico ya de por sí complejo.
Sin embargo, este cambio debe ser entendido como una evolución natural del ecosistema empresarial hacia entornos más digitales, seguros y transparentes. Los beneficios serán tangibles: eficiencia operativa, reducción de errores, mejora en la gestión documental y mayor capacidad de respuesta ante requerimientos fiscales. Así que no se trata solo de cumplir con la ley, sino de adoptar una cultura empresarial más ágil, moderna y preparada para el futuro. La digitalización de los procesos de facturación no es un fin en sí mismo, sino el medio para fortalecer la competitividad de los negocios y dar un salto cualitativo en su profesionalización.
El próximo 29 de julio marcará un antes y un después; no se trata solo de una fecha más en el calendario normativo: es el punto de partida de una profunda transformación que trasciende el ámbito técnico para situarse en el corazón mismo de la estrategia empresarial. España se dirige hacia un modelo económico más digital, más competitivo y mejor preparado para los desafíos globales. Y como toda gran transformación, se produce con un paso firme: el de la puesta en marcha de nueva normativa que redefine, desde la base, cómo se empieza a construir la confianza tributaria en el siglo XXI.