En el momento actual, muchas personas están presentado su declaración de la renta, es en este momento cuando nos preguntamos si hubiésemos podido optimizar nuestra fiscalidad de alguna forma.
Si dirigimos nuestra atención a los planes de pensiones, instrumento que gozaba de un tratamiento fiscal muy favorable hasta 2020, observamos que en 2024 su patrimonio en España, cifrado en 131.833 millones de euros, se ha incrementado en un 7,7%. Este dato que podría parecer positivo, hay que matizarlo, dado que la mayor parte de su crecimiento se ha debido al efecto mercado, siendo el saldo de aportaciones y prestaciones negativo. Es decir, las prestaciones son superiores a las aportaciones y es el efecto mercado el que compensa para impulsar el crecimiento del patrimonio
Si observamos el comportamiento de los diferentes tipos de planes, vemos diferencias sensibles. Mientras los individuales siguen en retroceso con descenso del número de partícipes y saldo negativo de aportaciones, los planes de empleo y, en concreto los planes de empleo simplificados, aparte del crecimiento de su patrimonio -que se situó en 388 millones de euros- registran aportaciones netas positivas.
Indudablemente, el beneficio fiscal explica buena parte de las cifras indicadas y constata el apetito de los contribuyentes por sistemas de previsión social que, además, llevan aparejadas ventajas fiscales.
Podríamos interesarnos adicionalmente, como futuros pensionistas, en la sostenibilidad del sistema público de pensiones, aspecto sobre el que se ha incidido, implementando medidas con el objetivo de mejorar tanto la parte de ingresos como la de gastos, pero sobre la que se ciernen todavía algunas incógnitas. En el año 2024 el gasto en pensiones fue de 206.119 millones de euros lo que representa un 12,9% de PIB. En los últimos años se observa una evolución de este porcentaje, donde son factores muy relevantes la tasa de reposición más alta de la UE, el incremento del número de pensionistas o la revalorización ligada al IPC. Hay que ser conscientes de que la recaudación por cotizaciones sociales cubre el 70% del gasto en pensiones y el 30% restante viene cubierto por transferencias y préstamos del Estado.
En el marco de la negociación sobre los fondos Next Generation, hay otro factor a tener en cuenta. Y es que existen unas reglas del juego impuestas por la Unión Europea con el objetivo de dotar de estabilidad al sistema de pensiones. Estas normas implican un techo de gasto en pensiones del 15% del PIB y, en la parte de ingresos, del 1,7% del PIB para las medidas implementadas para la mejora de los ingresos. Entre estas medidas se encuentran la reforma de la cotización del régimen de autónomos (RETA) para que coticen en función de sus ingresos reales, la cuota de solidaridad para las rentas que superen la base máxima de cotización, la creación del mecanismo de solidaridad intergeneracional o la elevación del salario mínimo interprofesional. Estas reglas limitan el margen de actuación en un momento en el que la generación del baby boom está cercana a acceder a la jubilación.
Existen interrogantes sobre la evolución de las pensiones, básicamente si habrá continuidad en la tasa de reposición, actualmente el 77,5% la más alta de la UE que sitúa su media en el 44,5%, sobre si continuará ligada la revalorización al IPC o sobre si se incrementará la edad para el acceso a la jubilación.
Un instrumento de previsión social es atractivo no únicamente por las ventajas fiscales, sino por la capacidad de aportar ingresos adicionales en el futuro. Los planes individuales han perdido gran parte de su atractivo, tanto en la parte fiscal como en la de previsión, por la drástica reducción de su límite de aportación a 1.500 euros anuales. Por otro lado, los planes de empleo y en concreto los planes de empleo simplificados sí han despertado el interés del partícipe, por el mejor tratamiento en el límite de las aportaciones.
Es indudable que hay espacio de mejora para la evolución de los planes de pensiones como evidencia la evolución de los planes de empleo simplificados desde su lanzamiento, como instrumento complementario a un sistema público, que afronta importantes desafíos en los próximos años.
Los autónomos han sido protagonistas tanto en la parte de ingresos como la de gastos. La modificación de su régimen de cotización (RETA) supone que tienen que cotizar por sus ingresos reales, lo cual indudablemente revertirá en un aumento de los ingresos por cotizaciones pero, a su vez, supone un incremento de su pensión. En definitiva, van a tener que afrontar un mayor gasto por las cotizaciones, pero van a recibir una pensión superior, lo cual es compatible con obtener un beneficio fiscal durante la fase de constitución del patrimonio.
Como futuros pensionistas, debemos pensar además de -en el beneficio fiscal a corto plazo- en construir un patrimonio que nos permita disfrutar de la jubilación en condiciones favorables tras tantos años de esfuerzo laboral, máxime teniendo en cuenta que vamos a vivir más años.