Madrid
La rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que impulsa Yolanda Díaz sigue bloqueada. No en vano, suma ya tres prórrogas del periodo para presentar enmiendas. Un retraso que se debe a las dudas del Gobierno a llevar la norma al Congreso por temor a sufrir otra clamorosa derrota parlamentaria ya que, de momento, sigue sin atar el apoyo clave de Junts. Pero que el recorte horario no haya superado aún su primer trámite parlamentario no quiere decir que no tenga efectos en la negociación colectiva. Los agentes sociales deben abrir en los próximos meses la mesa para reeditar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que sólo abarca hasta 2025 y que sirve como guía para todos los convenios del país. Entre otras cosas, este acuerdo fija la pauta de aspectos tan importantes, como las subidas salariales que se efectuarán en 2026, 2027 y 2028. Los sindicatos ya presionan a CEOE para reunirse tras el verano.
Pero la patronal enfría cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo si Yolanda Díaz persiste en imponer por ley el recorte de la jornada laboral sin que ello provoque reducción del salario. Una posición lógica, habida cuenta de que las empresas no pueden firmar alzas salariales de ningún tipo mientras persista la amenaza de una normativa que daña la productividad y eleva los costes laborales. Queda así patente que el empeño de los sindicatos y de la propia vicepresidenta del Gobierno por sacar adelante la medida sin el acuerdo con la patronal genera ya incertidumbre en un aspecto tan básico para la organización de la actividad empresarial, como es el incremento de los sueldos. La rebaja de la jornada supone, por ello, un claro perjuicio para los propios trabajadores.