Madrid
El reciente anuncio de la prórroga del Plan MOVES III hasta el 31 de diciembre de 2025, acompañado de una inyección adicional de 400 millones de euros, ha sido recibido con entusiasmo por muchos sectores. Es comprensible: cualquier esfuerzo por incentivar la transición hacia formas de movilidad menos contaminantes merece ser celebrado. Pero también es un buen momento para detenernos y reflexionar: ¿estamos construyendo una movilidad sostenible, accesible para todas las personas, y sustentable a largo plazo?
Desde mi experiencia como consultora especializada en movilidad sostenible, observo una realidad incómoda: las ayudas del MOVES III benefician, principalmente, a quienes ya tienen los recursos para dar el paso hacia la movilidad eléctrica. Esto no es una cuestión de intenciones, sino de diseño y funcionamiento. Si queremos que la transición ecológica sea también una transición justa, es necesario revisar qué modelo estamos incentivando y a quién estamos dejando atrás.
Las subvenciones actuales están pensadas, en su mayor parte, para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. El problema es que, para beneficiarse de estas ayudas, la ciudadanía debe contar con una capacidad de inversión previa significativa, además de tiempo y conocimientos para navegar por los procesos administrativos. Esto deja fuera a muchas personas y familias que, aun compartiendo la voluntad de cambiar su modelo de movilidad, no disponen de los recursos necesarios para hacerlo.
Si bien el Plan MOVES III contempla algunas facilidades en las ayudas para residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes y un porcentaje más elevado de ayuda para infraestructuras de recarga en estas localidades, persisten desafíos en la implementación efectiva de estas medidas.
La capacidad técnica y económica limitada de algunos ayuntamientos pequeños puede dificultar el desarrollo de infraestructuras o la implementación de soluciones eficientes. Es fundamental garantizar que estas ayudas lleguen de manera efectiva a todos los territorios, evitando que la movilidad sostenible se concentre únicamente en áreas urbanas y en determinados perfiles socioeconómicos, lo que podría profundizar las desigualdades territoriales y sociales.
Tampoco podemos obviar el modelo que estamos reforzando con este tipo de políticas: el del vehículo privado, aunque sea eléctrico. En un momento en el que deberíamos estar impulsando la reducción del número de coches en circulación, promoviendo el uso del transporte público, la movilidad activa y las formas compartidas de desplazamiento, centramos una parte muy importante de los recursos en sustituir un tipo de coche por otro —menos contaminante, sí, pero un vehículo privado, al fin y al cabo—.
Cambiar motores térmicos por baterías no resuelve problemas como la congestión, la ocupación del espacio público o la dependencia del vehículo privado. Y mucho menos garantiza el acceso equitativo a la movilidad.
La movilidad sostenible no puede basarse únicamente en electrificar el parque automovilístico. Necesitamos una visión integradora, donde el transporte público de calidad, la intermodalidad, la movilidad activa y la planificación urbana sostenible tengan un papel protagonista. Y eso requiere también una inversión decidida en infraestructuras.
En Cinesi trabajamos cada día con entidades que comparten esta visión. Sabemos que existen administraciones comprometidas en transformar sus entornos urbanos, empresas que promueven una movilidad laboral más racional y organismos que reclaman una transición ecológica que también sea social. Pero también somos conscientes de las dificultades con las que se encuentran: falta de apoyo técnico, burocracia interminable, escasa coordinación institucional o una visión a corto plazo que impide construir estrategias sólidas.
Por eso, pese a que debemos celebrar la prórroga del MOVES III, y cualquier acción encaminada hacia una movilidad más sostenible, no podemos dejar de preguntarnos: ¿queremos que estas ayudas sigan beneficiando a una minoría o podemos aprovechar la ocasión para rediseñar el sistema con criterios de equidad? ¿Podemos pasar de subvencionar decisiones individuales a impulsar cambios colectivos y estructurales?
La transición hacia una movilidad sostenible y libre de emisiones no puede estar al alcance solo de quien pueda permitírsela. Si queremos transformar el modelo de movilidad, debemos asegurarnos de que nadie se quede atrás y que la movilidad sostenible deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho garantizado.