Madrid
En la Conferencia de Presidentes, no se abordó la reforma de la financiación regional, que era urgente, necesaria e importante, posiblemente porque el Gobierno no quería sacar al tema debido a que paralelamente sigue trabajando en otorgar una financiación singular a Cataluña, el llamado "cupo catalán". Aunque las partes defensoras del cupo dicen que el concierto catalán no es insolidario, sino que lo único que posibilita es que todos jueguen con las mismas reglas para que no haya dumping fiscal, del que se acusa especialmente a la Comunidad de Madrid, no es verdad. El cupo catalán es una aberración, como ya he dicho en reiteradas ocasiones, insolidario e inconstitucional, que a quien más afectará será a las regiones más pobres. No es un problema de dumping fiscal de Madrid, que no existe.
Dumping es bajar precios vendiendo a pérdidas para quedarse con el mercado o practicar de manera desleal una actuación que otros no pueden hacer. Lo primero no se da, porque Madrid baja impuestos y recauda más gracias a la mayor actividad económica que genera por su ambiente propicio para la inversión y el desarrollo profesional. Lo segundo, tampoco, porque todas las regiones de régimen común tienen las mismas competencias que Ayuso para bajar los impuestos; si no lo hacen, será porque no quieren o porque desean gastar más, que es lo que sucede.
Ésa es la realidad. Dumping fiscal podrían realizarlo el País Vasco y Navarra, que tienen unos sistemas forales propios con los que no pueden competir ni La Rioja ni Aragón, por poner dos ejemplos de regiones limítrofes con las dos forales, ni el resto de las CCAA. Ahora, la política económica de Madrid podrían copiarla el resto de regiones, impuestos bajos incluidos, pero alguno no quiere porque como buen intervencionista no concibe otra cosa que no sea asfixiar a los contribuyentes con impuestos para repartir subsidios con los que tratar de comprar voluntades electorales.
Anteriormente, la gestión intervencionista hundió a Cataluña y la hizo retroceder económicamente, hasta el punto de que Madrid la sobrepasó en todos los indicadores. Para ello, basta con analizar qué sucedió entre 2003 y 2010, cuando los socialistas gobernaron anteriormente en Cataluña: retrocedió frente a Madrid, al aplicar en Cataluña una política intervencionista frente a la liberal de Madrid. Eso mismo es lo que volverá a suceder ahora de seguir por esa vía, pero sobre un nivel de partida de Cataluña mucho más pobre. En esos siete años, en Cataluña se subían impuestos y se introducía una gran rigidez en la economía; en la Comunidad de Madrid, se bajaban y eliminaban impuestos y se liberalizaba la economía. Ambas regiones utilizaban su margen de competencias para aplicar políticas completamente diferentes.
Si lo analizamos desde el punto de vista del nivel de servicios públicos ofrecido, se comprueba que la economía madrileña ofrecía más al aplicar mejor sus recursos, desde la eficiencia: Madrid hizo más centros de educación infantil, más centros de salud, más plazas de residencias, más kilómetros de metro, más universidades, más hospitales y más camas hospitalarias, con menos gasto, menos déficit, menos deuda, menos impuestos y más eficiencia.
Esas dos formas de gestión dieron, por tanto, resultados diferentes: la Comunidad de Madrid se convirtió en motor económico de España, en su mayor economía y la que mejor cumplió con la estabilidad presupuestaria, mientras que Cataluña se estancó, fue la más endeudada y dejó de ser la región española de referencia económica. No se puede tapar la insolidaridad que supone el cupo catalán con una falsa insolidaridad de Madrid inventada. Madrid es la región más solidaria con el resto de regiones, incluso con la Administración General del Estado a través del fondo de competitividad. Sin Cataluña en el régimen común, Madrid no puede afrontar sola la solidaridad regional, porque no tiene suficientes recursos para ello, con lo que realmente pone en juego el cupo catalán es la solidaridad interregional.
Es cierto que el sistema debe ser reformado, entre otras cuestiones para que prime la ordinalidad, que no es quedarse con todo, sino que uno mantenga la misma posición después de haber contribuido a la solidaridad; es cierto que necesita ser reformado para eliminar trampas existentes, que, por cierto, perjudican a Madrid; y es cierto que ha de ser reformado para hacerlo más claro, pero lo que no tiene cabida es el establecimiento de una financiación singular para Cataluña, ni constitucionalmente ni en la práctica, porque además de salirse del régimen que a Cataluña se le atribuye en la Constitución, el común, supondría la pérdida de recursos para cubrir solidariamente a regiones con menos riqueza, elemento que quebraría la solidaridad entre las regiones.