Madrid
Se viene destacando acertadamente, que el sector del transporte público de viajeros por carretera está, desde el año 2023, en una etapa de franca recuperación, dentro de un marco lleno de problemáticas. Pero esta "recuperación" del sector, a mi juicio, no está sustentada sobre bases lo suficientemente sólidas.
Tal recuperación, se debe, en gran medida a: 1) una política coyuntural de subvenciones generalizadas (abonos gratuitos/habría que estudiar cuantos viajeros se ganaron por estos abonos gratuitos y cuantos se perdieron por los similares establecidos para el ferrocarril. 2) al hecho de que, explotándose las líneas a precario, al estar muchos de sus elementos amortizados, la rentabilidad es mayor. Pondero, pues, que es necesario reflexionar sobre las bases de una política de transportes realista, no centrada esencialmente en medidas en principio coyunturales que se alargan en el tiempo.
Frente a estas medidas, el sector precisa ahora ser más consistente y caminar por bases más sólidas, sin perjuicio de la continuación de tales ayudas públicas, por cuanto que habrá que afrontar, a muy corto plazo, una larga serie de problemáticas, muy bien definidas por el presidente de CONFEBUS y por la brillante nueva presidenta de CEPYME en la última Asamblea de esta patronal del transporte, a las que me remito.
En todo caso, el marco jurídico sobre el que sustentar el sector, no es otro que el régimen concesional (que el pasado año cumplió su centenario; RD de 4.7.1.924), que acertadamente se confirma, parece que sin exclusiones respecto del principio de explotación en exclusiva de los tráficos, en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
Sistema concesional que, para sustentar esa base sólida necesaria del sector, sería muy beneficioso se modernizara en el sentido de otorgar una mayor capacidad de gestión a la empresa operadora (como así tiene la empresa ferroviaria), y asegurase que con celeridad se pueda restablecer el equilibrio económico motivado por incremento de costes y cualesquiera otras clases de motivos ajenos al principio de riesgo y ventura.
Es de esperar que, tras la aprobación de los distintos mapas de las líneas regulares, se inicien las licitaciones para la adjudicación de las nuevas concesiones, bajo los siguientes esenciales requisitos: 1) establecimiento previo de un pliego de bases-tipo, que debería ser lo más común posible dentro de las competencias del Estado y las CCAA (principio de unidad de mercado), y publicado con la debida antelación para que las empresas puedan planificarse al objeto de presentar sus ofertas (requisitos de capacidad económica y profesional exigibles, etc). 2) proyectos de nuevas concesiones rentables, impidiendo la adjudicación a ofertas desproporcionadas.
Aunque ello sea solamente a nivel doctrinal, me reafirmo en lo que ya vengo proponiendo en distintas publicaciones, en el sentido de que el actual régimen de contratación establecido en la LOTT y en la Ley de Contratos del Sector Público para las concesiones administrativas, no es el marco adecuado para la licitación de las líneas regulares en autobús, por cuanto que fomentan las ofertas temerarias (que se justifican y aceptan muy subjetivamente), convirtiendo los concursos en subastas.
Es en este orden de cuestiones que, fijar como los principales elementos de valoración el número de expediciones, siendo muchas de ellas innecesarias, es una deseconomía y repercute negativamente en el medio ambiente y la circulación; y la disminución de la tarifa, un elemento discriminatorio (la tarifa de los servicios estatales y de cada comunidad autónoma, no deber depender de que haya una mejor oferta en cada licitación o servicio, sino que por razón de igualdad y no discriminación, debe ser la misma viajero/km en todos los servicios, con los únicos matices de valorar ciertos elementos objetivos que deriven de diferencias por razón de los costes originados por la existencia de peajes, cánones estaciones, carreteras que provoquen un mayor consumo y desgaste del material móvil, convenio colectivos, subrogaciones del personal, etc).
Finalmente, referirme a la muy positiva medida anunciada por el Gobierno, del billete único, que entiendo debe de complementarse con un sistema de información actualizado al día, que permita al usuario conocer cómo puede desplazarse en autobús de un punto a otro de nuestra geografía, utilizando las concesiones de líneas regulares existentes.
Esta medida hubiera podido ser mucho más efectiva si, como vengo proponiendo desde hace décadas, se hubiera creado un "mapa concesional en red" o "red concesional en red", de modo que todas las líneas estatales conecten entre sí, y éstas a su vez con las de las CCAA, y las de cada una de estas con las de las Comunidades vecinas. Medida de coordinación interadministrativa que debería de unirse a la del billete único para así hacer ésta más efectiva.
Nos encontramos, pues, ante un escenario muy complejo, lleno de inseguridades, en un momento crucial (proyecto Ley Movilidad Sostenible y futuras nuevas concesiones) para poder sustentar al sector y su futuro sobre bases sólidas, no solo coyunturales, lo que constituye una oportunidad que no puede desperdiciarse.