Madrid
El montante de facturas impagadas por el sector público superó los 6.000 millones en el arranque de 2024, último dato publicado. Una cifra que supone un impulso del 45% desde 2019, año previo al Covid y que coincide con el inicio de las legislaturas presididas por Sánchez. Un periodo en el que el retraso de pagos por parte de las administraciones ha alcanzado cotas inéditas hasta la fecha. Se trata por ello de un incremento que aunque no impute en el déficit resulta inaceptable. Ello debido a que perjudica a empresas y, también, a ciudadanos ya que estos pagos también pueden ser en concepto de bonificaciones o actualización de prestaciones. Urge, por ello, terminan con el fenómeno de las facturas ocultas en los cajones, que ya generó un escándalo con la UE en la pasada década.