Madrid
España es el segundo país de la OCDE que más grava la riqueza y su transmisión, según Task Foundation. Y lo único que impide a nuestro país alcanzar el liderazgo en este ámbito son las bonificaciones en Sucesiones que realizan todas las autonomías donde gobierna el PP. Para eludirlas, el Ejecutivo ya ha planteado en más de una ocasión su intención de imponer una tasa estatal y asegurarse así que todos lo ciudadanos tributen lo mismo. El temor de los contribuyentes a que el Gobierno cumpla su objetivo y eleve el castigo fiscal a la hora de heredar incrementó en 2024 las donaciones (en vida lógicamente) hasta marcar niveles récord. Tras unos años en los que el número operaciones fueron prácticamente las mismas, las donaciones se elevaron un 15% durante el pasado 2024, hasta las 199.448 millones, una cifra nunca vista. Por si fuera poco, el mayor número de donaciones se da en aquellos territorios donde el tipo del tributo es más bajo.
Esto evidencia el claro objetivo de los donantes de que los beneficiaros ahorren impuestos por si en el futuro el Ejecutivo eleva la tasa de Sucesiones. El impulso de las donaciones supone por ello una adecuada respuesta de los ciudadanos al infierno fiscal que para muchos supone heredar. No en vano, en autonomías donde este tributo no está bonificado, como Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias, el volumen de personas que renuncia a heredar al no poder hacer frente a las tasas correspondientes alcanza niveles récord. Resulta por ello necesario terminar con el castigo injusto que Sucesiones supone, ya que grava una riqueza por la que ya se tributó en el pasado con creces. Por desgracia, el Ejecutivo central sigue empeñado en mantener una política de voracidad recaudatoria que lastra el consumo y la inversión.
